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Una de las grandes deficiencias de la pasada Ley de Protección a los Consumidores, Ley 182, era precisamente la falta de clasificación de las infracciones y la ausencia de sanciones aplicables para quien las cometiera. Esta situación se trató de subsanar por medio del Reglamento a la Ley 182; en este instrumento se establecieron las sanciones, sin embargo, no se dispuso de una clasificación de las infracciones. Por ello, muchos criticaron este reglamento, en vista que, consideraban, resultaba excesivo respecto a la ley.

En la actualidad la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, dispone de una clasificación de infracciones; los actos que infrinjan los preceptos de la ley pueden ser tratados como infracciones leves, graves o muy graves. Por otra parte, la ley señala que los entes reguladores crearán o adecuarán sus normas con la finalidad de aplicar las disposiciones de la ley.

Es en este contexto donde se podría presentar un serio problema, pues las normas deben estar redactadas de manera que no contradigan la ley, y las infracciones deben ser aplicadas conforme lo dice la ley. En general, se puede afirmar que el objetivo de las normas es crear los procedimientos específicos y adecuar algunas cuestiones técnicas propias del mercado que se regula, pero nunca debe ser clasificar las infracciones y sanciones, pues estas, por orden constitucional, solo caben en una ley.

El artículo 34 --numeral 8-- de nuestra Carta Fundamental, en las disposiciones relativas al debido proceso expresa de forma clara que nadie puede ser procesado por acto u omisión, que al momento de cometerse no estuviere previamente calificado en la ley de forma inequívoca; de la misma manera, nadie puede ser sancionado con pena que no esté contemplada en una ley. En cierto tiempo existía alguna duda sobre la aplicación de las garantías mínimas del debido proceso en las cuestiones administrativas, se pensaba que solo podían ser invocadas en la vía judicial, de forma tal, que todas aquellas instituciones que desarrollaban procesos y no eran del Poder Judicial, supuestamente no tenían el deber de respetar garantías mínimas. Tal concepción ha sido abandonada desde hace mucho tiempo y las reformas a la Constitución así lo han ratificado.

Por último, recuérdese que la Constitución también dice que nadie está obligado hacer lo que la ley no mande o a dejar de hacer lo que la ley no prohíbe, es decir, cualquier medida relacionada con sanciones debe estar contenida en una ley.