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Si los precios internacionales del petróleo se mantienen en US$45 el barril durante este año, lo que resta de la deuda del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, con Alba Caruna se podría pagar en unos doce meses, consideró César Zamora, gerente de país de la empresa energética IC Power.

“Acordémonos que esa deuda se iba a pagar hasta que Tumarín estuviera funcionando. Creo que el gobierno tiene espacio para cobrarse y no necesariamente todo tiene que ir al pago del préstamo”, sugirió Zamora.

Agregó que la reducción en los precios de los combustibles debería equivaler, al día de hoy, una disminución del 20% de la tarifa de energía.

Sin embargo, el gobierno ha argumentado que ese dinero se está ocupando para pagar la deuda de US$180 millones que evitó que en el 2010, 2011 y 2012 subiera la tarifa eléctrica.

A raíz del descenso en los precios internacionales del crudo, diferentes sectores empresariales demandan que el gobierno reduzca las diferentes tarifas de electricidad. Argumentan que paralelo al pago de esa deuda, también se puede lograr una reducción en el costo de la tarifa energética.

GOBIERNO PIDE TIEMPO

Sin embargo, el pasado miércoles el asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia dijo que el Gobierno necesita tomarse al menos tres meses para dar una respuesta.

“Nosotros (el Gobierno) tendríamos que tomarnos el primer trimestre para ver cómo manejamos la economía, pero difícilmente daremos una respuesta (de reducción de tarifa) antes de los tres meses”, indicó Arce.

Por su parte, Zamora comentó que todo lo que se ha ahorrado el Gobierno desde que empezó la disminución del precio del petróleo representan unos US$30 millones o más, los cuales estima que deberían destinarse al pago de la deuda estatal.

OPINA ESPECIALISTA

El especialista en temas de energía, Narciso Mayorga, considera que la baja mundial en el valor del petróleo no se refleja en una reducción automática en la tarifa energética local, debido a factores ligados a los contratos que el Estado de Nicaragua ha firmado con las generadoras eléctricas, los cuales deberían ser revisados.

Según Mayorga, dichos contratos establecen que bajo el concepto de “potencia”, se fija un precio con el que la generadora se asegura el pago de la inversión, aunque esta genere o no energía.

“Esto significa que en cinco años esa planta ya quedó pagada. Lo que nadie va a entender es por qué yo le sigo pagando cuando ya le pagué la planta, pero además lo que pagó es un concepto que se inventó en ese momento en base a una potencia disponible”, cuestionó Mayorga.

POTENCIA Y ENERGÍA

En tanto, Zamora indicó que las generadoras venden dos productos: potencia y energía, donde hay plantas que no ofrecen potencia como las eólicas, hidroeléctricas o los ingenios, porque no están disponibles todo el año.

En cambio, hay plantas que sí tienen potencia porque disponen de energía todo el año y, por eso, cobran un cargo de potencia.

“Pero el cargo de potencia representa el 15% del valor de la energía que compra la distribuidora, así que el problema no es la potencia”, argumentó Zamora.

En ese sentido, el gerente de IC Power ejemplificó: “Si sacás un préstamo para comprar una casa a pagarse en 15 años, y esa casa la ponés en alquiler y de esa forma pagás la deuda, luego en el año 16 vas a dejar de cobrarle a tu inquilino porque ya pagaste el préstamo?”.

Agregó que los empresarios invierten dinero en las plantas para que funcionen, de lo contrario no operan. Pensar que dejen de obtener ganancias, “es un argumento muy simplista y así no funciona ningún negocio”, consideró Zamora.