Jorge Eduardo Arellano
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Centroamérica debe redefinir la Seguridad Social
La actual crisis económica que afronta el mundo, y en particular Centroamérica, ha provocado que muchos ciudadanos tengan incertidumbre sobre su futuro laboral. Es seguro que algunos trabajadores perderán sus empleos ante una contracción de la economía.

Muchos de estos trabajadores desempleados estarán llegando a la edad de retiro sin haber tenido acceso a los programas de seguridad social, pues aunque los institutos creados para tales fines en la región rondan casi los setenta años de vida, sus coberturas en la actualidad apenas alcanzan al 20% de la fuerza trabajadora, con excepción de Costa Rica y Panamá, en dónde la cobertura ronda el 50%.

Estos magros resultados en la función del aseguramiento social obedecen, principalmente, a tres factores. 1) La transformación de la fuerza laboral, provocada por una disminución de empleos dignos, asalariados y estables, una expansión de empleos informales --trabajadores por cuenta propia y con bajos ingresos--, y un todavía importante sector rural, tradicionalmente sin cobertura. La flexibilización laboral, ha provocado el aparecimiento de nuevos trabajadores excluidos de la seguridad social.

2) La falla del sistema para adaptarse a dicha transformación. En la actualidad, tanto los empleados de microempresas como los trabajadores por cuenta propia están excluidos, legalmente, de la cobertura de pensiones, o sólo tienen afiliación voluntaria, lo que deja fuera del seguro social a casi el 50% de la población económicamente activa ocupada.

3) Las reformas estructurales de pensiones, llevadas a cabo en América Latina y, específicamente, en El Salvador y Costa Rica, sustituyeron los sistemas públicos por sistemas total o parcialmente privados, y resultaron en una caída de la cobertura de la fuerza laboral, pues prácticamente fueron diseñados para trabajadores formales.

Para aumentar el bienestar social de la región, es urgente que la sociedad centroamericana junto con el gobierno de cada nación, redefinan la seguridad social, para que ésta se adapte a las transformaciones demográficas y de la fuerza laboral, y se expanda su cobertura, por medio de mecanismos contributivos y no contributivos, poniendo especial atención en los grupos históricamente excluidos: campesinos, mujeres y poblaciones indígenas.

Asimismo, ante el panorama económico, se deberá contar con fondos fiscales para poner en marcha un programa de pensiones asistenciales, focalizadas en aquellos ciudadanos pobres que carezcan de jubilación.