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El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) afirmó ayer que las decisiones que ha tomado el Gobierno en los últimos dos años, respecto al salario mínimo, son políticas y no económicas, lo que según la cúpula empresarial, tendrá una serie de consecuencias en la economía del país, en el sector privado, la inversión y la formalización del sector trabajador.

El Ministerio del Trabajo (Mitrab) dio a conocer ayer el nuevo ajuste salarial, que establece un incremento de 11.48% para el sector agropecuario, 9.80% para la pequeña y mediana industria artesanal y turística y 10.98% para el resto de sectores económicos, luego de no llegarse a un acuerdo tripartito por segundo año consecutivo.

De acuerdo con el Cosep, ese incremento beneficia a “un grupo directo de trabajadores que reciben salario mínimo en el sector formal (solamente 8.25% del total de ocupados), pero castiga con una mayor inflación a todos los demás trabajadores del país, tanto formales como informales que no gozan de salario mínimo”.

Además, mencionó el Cosep en un comunicado, que no se tomó en cuenta que el sector empresarial asumió este año otro punto porcentual en el pago del INSS, sin que haya costo alguno para los trabajadores, y que la fórmula de la inflación más el crecimiento de la economía hayan permitido un incremento promedio acumulado del salario mínimo de 297% desde el 2005.

El Cosep afirmó que las prestaciones sociales alcanzan 47% en el sector formal, lo que está dejando al sector privado con poco margen de maniobra para poder competir en los mercados nacionales e internacionales.

“Una pistola en la cabeza”
La cúpula empresarial afirmó que analizará con todas sus cámaras y asociaciones si tiene sentido seguirse sentando a futuro bajo el esquema de la actual ley de salario mínimo, de la que dijo es como si se sentaran con una “pistola en la cabeza”, porque “impide una real y efectiva negociación”.

El Cosep insistió en pedir al Gobierno que tome en cuenta criterios económicos en la negociación del salario mínimo y que se tome en cuenta a los funcionarios del gabinete especializado (económico) para opinar y realizar un verdadero estudio sobre el salario mínimo, y “buscar una salida por la vía de una fórmula que efectivamente privilegie una visión e interés de nación”.