Melvin Escobar
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Dentro de la gran variedad de cláusulas predispuestas se encuentran algunas que son impuestas desde la fase precontractual y otras en la fase de contrato.

Por ejemplo, en la fase precontractual una de las condiciones utilizadas por los empresarios es la siguiente: “El cliente del servicio declara que previamente a la contratación del servicio, se ha informado y leído íntegramente las estipulaciones y condiciones contenidas en el presente instrumento, las que declara conocer, entender y aceptar en todas sus partes, obligándose a regirse por ellas”. En este particular, el empresario pretende deslindarse de su obligación de información clara y precisa, aunque recuérdese que también el consumidor tiene el deber de leer e indagar de forma responsable.

Ya en la fase contractual, encontramos condiciones impuestas conocidas como “vinculación del contrato a la voluntad del profesional o proveedor”, es claro que dentro de esa modalidad lo que el empresario busca es reservarse la libertad de cambiar las reglas del juego sobre la marcha o fase de ejecución del contrato, un típico ejemplo de ese tipo de disposiciones es el siguiente: “En todo caso, el cliente ha sido informado que estas tarifas se reajustan periódicamente, pudiendo el proveedor modificarlas en cualquier momento, debiendo comunicarlo por escrito al Cliente con al menos equis días de anticipación”.

Otras condiciones en la fase contractual son diseñadas para ofrecerle al consumidor servicios accesorios al que ya había contratado pero sin brindarle toda la información que le permita a este hacer una valoración adecuada, por ejemplo: “El cliente es responsable de informarse debidamente del valor de estos servicios antes de utilizarlos, toda vez que los mismos son sustancialmente más caros que las tarifas telefónicas móviles ofertadas”.  Con la cláusula citada, nuevamente, al igual que en la fase precontractual, el empresario trata de eludir la obligación de transmitir la información, al menos la esencial, recuérdese que la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, define la información relevante, como la necesaria para que el bien o servicio que adquiera la persona consumidora o usuaria, resulte idóneo para el fin al que se suele adquirir, de tal forma que permita tomar una decisión adecuada de consumo. Por último, es indispensable hacer mención de una de las prácticas más usadas en estos tiempos: “El consumidor entiende y acepta que sus datos personales incorporados en el presente instrumento podrán ser tratados y utilizados por el proveedor”.

En realidad, existen muchos ejemplos de condiciones de dudosa legalidad, algunas de ellas simplemente se pueden contrastar con las que se encuentran expresamente prohibidas por la Ley 842 y otras deben ser valoradas y posteriormente declaradas abusivas si fuera el caso.