Melvin Escobar
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Es una realidad que la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, profundizó en la regulación de algunos temas y problemas específicos,  tales como la publicidad, contratos por adhesión y facultades de inspección de las autoridades competentes, no obstante, a la par de cada problema o facultad, se estableció un procedimiento,  de la misma manera, cada órgano competente puede dictar su propio cuerpo normativo, a fin de implementar los preceptos dispuestos en la Ley 842.

La situación planteada  podría representar una dificultad no solo para los consumidores,  sino también para el empresario, principalmente al micro o el pequeño, recuérdese que el pequeño empresario en muchas ocasiones se sitúa en igual posición que el consumidor, es decir, este se ve en una situación de vulnerabilidad  a la par de  los grandes empresarios y, de igual manera,  frente al poder público, que en materia de consumo, está claro que son varias las instituciones de la administración pública que pueden dictar disposiciones de carácter general.

Así, por citar un ejemplo de procedimiento específico, relacionado a la facultad de revisar de forma preventiva y oficiosa que tiene la Diprodec, en cuanto a la investigación de veracidad  relacionada a la información publicitaria se refiere, el Reglamento a la Ley 842 dispone que esta puede requerir al empresario a fin de que este  demuestre en el plazo de tres días hábiles que efectivamente lo que dice su mensaje es real y objetivamente comprobable, ahora bien, en el caso que este no conteste, la

Diprodec puede ordenar la suspensión inmediata de la publicidad. En caso contrario, si el empresario contesta pero no logra comprobar la veracidad de las afirmaciones, la Diprodec tiene la facultad de declarar falso el mensaje y ordenar la rectificación de contenido.

Si analizamos detenidamente, sobre el asunto expuesto, la Diprodec tiene varias facultades: 1) Revisar de oficio la información publicitaria; 2) Suspender la publicidad; 3) Declarar la falsedad de las afirmaciones; y 4) Ordenar la rectificación del contenido de un mensaje. De igual manera, cuando la Diprodec se percate de la existencia de publicidad abusiva, también tiene la potestad de instruir un procedimiento específico y hasta de suspender el acto.

Ahora bien, la revisión de la información publicitaria no solamente la podrá realizar la Diprodec, sino que al parecer, en dependencia de la materia que se trate los entes reguladores del mercado específico, podrán dictar un procedimiento para honrar su función,  así por ejemplo, si la información es difundida por empresarios de servicios de telecomunicaciones sería Telcor el competente para conocer sobre el caso y en materia de  distribución de electrodomésticos y vehículos le correspondería a la  Diprodec.

A simple vista se observa un problema de dispersión normativa que genera un poco de inseguridad, no solo para los consumidores, sino para el empresario.  Lo que sucede es que la Ley 842 solamente dispuso un procedimiento aplicable para la Diprodec, no obstante, a lo mejor hubiese sido oportuno al menos establecer ciertos principios y generalidades, sobre los cuales se emitieran las demás normativas.