Melvin Escobar
  • Managua |
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Una de las consecuencias generadas a partir de la producción en masa, es precisamente la variada y en ocasiones excesiva oferta, situación que afecta a los consumidores incluso en su estilo de vida, en vista que se ve bombardeado por múltiples alternativas, gran cantidad de información difundida a través de medios publicitarios y con ello, una lluvia de diversas condiciones que ofrece determinado mercado, aunque tal como se puede comprobar en mercados concentrados como el nuestro, la tendencia es que existe alguna uniformidad en la oferta de varios empresarios que compiten entre sí.

En el contexto planteado, el consumidor, en países como el nuestro, se decanta por elegir bienes que no han sido producidos a nivel nacional, su procedencia es diversos países, lo que deriva en un alejamiento inmediato entre el empresario fabricante y el consumidor, último eslabón en la cadena producción-intermediación-consumo. Por esa razón es que los canales para responderle al consumidor en caso de daños y productos defectuosos deben estar bien definidos, en vista de que es una realidad que en numerosas ocasiones el empresario que nos vende no participa en la producción del bien, únicamente en su comercialización, sin embargo, es obligación de este mantener una estructura profesional para la revisión del bien que comercializa y de esa manera evitarle un problema a su cliente.

Dicho esto, es importante destacar que el Reglamento a la antigua ley de protección al consumidor era claro respecto de quien debía responderle al consumidor por un defecto, el Reglamento decía lo siguiente: “El proveedor a quien el consumidor le exija el cumplimiento de la garantía, tiene derecho preferencial a que el intermediario con quien haya contratado, o el fabricante, le responda la garantía, sin perjuicio del derecho del consumidor de exigir directamente la garantía al fabricante a cualquiera de los intermediarios”. En este caso, según lo que dice el artículo el consumidor podía reclamarle a cualquiera de los participantes en la cadena de producción-intermediación-consumo.

La Ley 842 y su reglamento no lo establecen de la manera que anteriormente se hacía, lo que si se dispone con gran claridad, es que siempre que se trate de un defecto del producto o alguna causa imputable al fabricante, importador o proveedor que vendió el bien, el consumidor tiene derecho a reclamarle a este último, no obstante no funciona como un sistema de responsabilidad solidaria.

El sistema de responsabilidad entre todos los integrantes de la cadena de consumo es utilizado en países como El Salvador, Argentina y Brasil, por citar algunos.

En El Salvador, la redacción de tal disposición es completamente clara, la Ley dice que las acciones u omisiones de quienes producen, importan, suministran, comercializan o facilitan productos o servicios que causen daños o perjuicios a los consumidores, darán lugar a la responsabilidad solidaria de esos proveedores, no obstante, se deja un punto con el que el empresario se puede defender, siempre que este demuestre que ha cumplido debidamente las exigencias y requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico.

El sistema de responsabilidad solidaria en materia de consumo tiene el propósito de facilitarle las acciones al consumidor, tomando en cuenta el alejamiento del sujeto responsable dentro de la conocida producción en masa.

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