Melvin Escobar
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En pocas palabras se puede decir que el consumidor financiero es toda persona que utiliza productos o servicios provenientes del sistema financiero. En Nicaragua, este consumidor se sitúa en un escenario un tanto complicado, pues existen varias regulaciones en dependencia de la entidad con la que se concrete la relación financiera.

Así, existen básicamente dos órganos que regulan la actividad de las instituciones financieras, la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), que según la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas consumidoras y Usuarias  y Ley 769,  Ley de Fomento y Regulación de las  Microfinanzas, es el órgano rector de las instituciones de microfinanzas.

La Conami, en su momento, cumpliendo con el mandato de velar por la transparencia de las relaciones entre los empresarios y usuarios, dictó la Norma sobre Transparencia en las Operaciones de Microfinanzas y, por otra parte, con el afán de proteger al usuario elaboró la Norma sobre Protección al Usuario.

La otra institución que tiene la tarea de velar por las relaciones equitativas y transparentes es la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif), misma que dictó la Norma sobre Transparencia en las Operaciones Financieras. Dentro de la Superintendencia, por mandato de Ley se creó La Dirección de Atención a las Personas Usuarias de Servicios Financieros, cuya función principal es recibir consultas, reclamos y denuncias presentadas por los consumidores.

Ahora bien, a pesar que la mayor parte de la actividad financiera se encuentra fiscalizada por los órganos mencionados, hay otro grupo de instituciones que no se encuentran dentro del ámbito de competencia de esas instituciones, por ejemplo, la actividad de las cooperativas dedicadas a la actividad financiera es regulada por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca).

Por último, la Ley 842 dispone que cuando  una institución financiera no se encuentre fiscalizada por ninguna de las instituciones descritas, le corresponde al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific),  que por medio de la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias tiene la facultad de velar por la transparencia en las relaciones de consumo y proteger al consumidor de prácticas prohibidas.

Como puede observarse,  la actividad financiera se encuentra supervisada por varias instituciones de la Administración Pública, situación que complica la aplicación de los preceptos de la Ley 842, pues cada una podría inclinarse por diferentes criterios de valoración y aplicación de normas específicas dictadas por sí mismas, no obstante, con la finalidad de reducir este problema se creó la Comisión de Servicios Financieros.

Esta institución tiene como principal propósito la coordinación y homogenización de acciones para la defensa y protección de los consumidores en un sector sumamente delicado, es presidida por el Banco Central de Nicaragua y está conformada por los delegados de la Diprodec, Siboif, Conami y Mefcca.

El sector financiero representa  un reto a nivel nacional y mundial en esa búsqueda de equilibrar relaciones que naturalmente resultan asimétricas y desbalanceadas, precisamente por el poder que ostenta el empresario y la necesidad que tiene el usuario.

 

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