Jorge Eduardo Arellano
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Derechos humanos en Centroamérica requieren un pacto fiscal


El pasado 10 de diciembre se conmemoró el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –DUDH-, declaración motivada por la necesidad de no repetir las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y para que todas las personas vivieran con dignidad. Este fue el primer paso en la construcción de un marco legal internacional que garantizara el bienestar de todos los individuos bajo los principios de igualdad, equidad y libertad.

En Centroamérica, las principales violaciones a los derechos humanos están relacionadas tanto con la mercantilización de los mismos, como con la desigual distribución del ingreso. Estos dos elementos son tanto causa como consecuencia de la pobreza, la que no sólo se evidencia en la carencia que algunos ciudadanos tienen de bienes materiales y oportunidades, como el empleo, la propiedad de bienes productivos y el ahorro, sino también en la falta de bienes físicos y sociales como la salud, la educación, la ausencia de miedo y violencia, la identidad cultural y la capacidad de vivir con respeto y dignidad.

La política fiscal juega un papel determinante en el cumplimiento de los derechos humanos, por dos razones. Primero, por el lado del gasto público los Estados deben orientar su presupuesto a la construcción de capacidades que permitan a todos sus ciudadanos evitar el hambre, la desnutrición y la muerte prematura, así como gozar de libertades relacionadas con la capacidad de leer, escribir y participar en las decisiones de su sociedad.

Segundo, por el lado del ingreso, los Estados deben contar con una política tributaria basada en los principios de equidad horizontal (a igual ingreso, igual impuesto) y vertical (a más ingresos, más impuestos) que deben prevalecer en todo sistema tributario.

Al analizar la actual política fiscal de los países centroamericanos, se evidencia que con diferentes intensidades, pero en todos los países, las premisas anteriores están lejos de ser la práctica cotidiana de sus Estados.

A pesar de que los Estados centroamericanos adoptaron y proclamaron la DUDH desde 1948, en la actualidad más del 50% de los ciudadanos centroamericanos viven en condiciones de pobreza, alejados de la posibilidad de vivir con dignidad.

Lo anterior obliga a reflexionar sobre la necesidad de abrir un espacio de diálogo para un pacto que reforme y modernice la política fiscal logrando que ésta juegue su papel estabilizador y redistributivo, recaudando más y mejor y, sobre todo, haciendo que el sistema tributario y el gasto público sean transparentes, justos y efectivos para cumplir, promover y proteger los derechos humanos.