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La iniciativa de reforma a la ley número 532, “Ley para la promoción de generación eléctrica con fuentes renovables”, que prorroga por tres años los incentivos fiscales para la promoción de energías renovables, fue aprobada el día de ayer por diputados de la Asamblea Nacional.
La Presidencia de la República envió el pasado 27 de mayo con trámite de urgencia esta iniciativa de reforma para extender hasta el 2018 los beneficios fiscales de los que gozan las inversiones en ese sector.

La reforma se aprobó con 84 votos a favor y uno en contra, este último voto perteneciente al diputado independiente Santiago Aburto, quien afirmó que había cosas más importantes de aprobar con trámite de urgencia.

Por su parte, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez dijo que el objetivo de aprobar esta iniciativa de reforma es para promover que inversionistas nacionales y extranjeros junto con el Gobierno aporten al cambio de la matriz energética.   

“Esta ley ha sido un éxito, entonces para los nuevos proyectos que habrán en el país el presidente Daniel Ortega decidió y mandó  la iniciativa a la Asamblea Nacional”, concluyó Gutiérrez.

En la iniciativa manda a reformar el artículo 8 de la Ley 532, la cual cita que “los inversionistas interesados en promover  el desarrollo de nuevos proyectos en generación eléctrica con fuentes renovables o que realicen ampliaciones a la capacidad de generación con fuentes renovables, podrán acogerse a los beneficios establecidos en la ley número 532, por un período que finaliza el 1 de enero del año 2018”.

Los incentivos
Entre los incentivos fiscales que figuran en la Ley 532 se encuentran las exoneraciones al pago de los Derechos Arancelarios de Importación (DAI), Impuesto de Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre la Renta (IR).

De igual forma, los inversionistas nacionales y extranjeros gozarán de la exoneración de todos los impuestos municipales vigentes sobre bienes inmuebles, ventas y matrículas durante la construcción del proyecto, exoneración de todos los impuestos que pudieran existir sobre la explotación de riquezas y exoneración de impuesto de timbres fiscales (ITP), que pueda causar la construcción u operación del proyecto en diez años.