Melvin Vargas
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Al parecer existe cierta confusión en cuanto a la concepción del principio “in dubio pro consumidor”, algunos lo citan en un contexto procesal, es decir, según esa posibilidad, cualquier conflicto o duda dentro de un procedimiento administrativo esta debe ser resulta a favor del consumidor, lo que efectivamente evidencia una incorrecta interpretación del principio “in dubio pro consumidor”, tomando en cuenta que este nace con el desarrollo de los contratos por adhesión.

“In dubio pro consumidor”

Efectivamente este principio se trata de una disposición proteccionista dentro de una relación contractual. Es una consecuencia de la libertad del empresario para predisponer las condiciones que serán utilizadas en los contratos, restringiendo la posibilidad de discutir las cláusulas por parte del consumidor, que es quien se adhiere. 

Pues bien, el principio “in dubio pro consumidor” fue diseñado con la finalidad de que en caso que existiere duda en cuanto a la interpretación de las cláusulas de un contrato, estas no deben beneficiar al causante de la duda, en este caso, al  empresario predisponente, en sentido contrario, cualquier duda debe favorecer al consumidor, siempre dentro del contexto contractual.

Principio pro consumidor y correctivo

En este caso, ya no se trata de un principio que exclusivamente se aplique en un contexto contractual, es mucho más amplio, se refiere a la obligación que tiene el Estado por medio de las instituciones correspondientes de eliminar las asimetrías y prácticas que vulneren al consumidor, es decir, se refiere al sistema de protección al consumidor en general,  vinculado a todo tipo de prácticas abusivas y engañosas.

Debe resaltarse que el principio en mención no se refiere únicamente a lo mencionado, pues en realidad la parte fundamental es en cuanto a la aplicación de las normas cuando exista ambigüedad o dudas sobre su interpretación. En este sentido, el principio claramente dispone que la institución competente debe aplicar la norma más favorable al consumidor.

No queda claro eso sí, la voluntad estricta del legislador, pues al hablarse de normas, no se precisa si se refiere a ellas en sentido general o en sentido estricto, pues si fuera en sentido estricto dicho principio no puede aplicarse cuando exista ambigüedad de leyes, por tener estas una jerarquía superior.

La experiencia en Perú

En realidad la falta de claridad en cuanto a la aplicación del principio ‘pro consumidor’ no es un problema menor, de hecho, en otros países, tal es el caso de Perú, el Tribunal Constitucional ha tenido que dilucidar sobre el alcance de la disposición en cuestión y ha sido categórico esclareciendo que los órganos administrativos o judiciales del Estado deben realizar una interpretación de las normas legales  en términos favorables al consumidor, en caso de duda insalvable sobre el sentido de las mismas. 

Tal como se puede comprobar, en Perú ya existe un criterio firme de la máxima autoridad judicial. En consecuencia, en ese país existe claridad sobre la aplicación de una disposición tan importante, situación que aún no se alcanza en nuestro país.

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