Jorge Eduardo Arellano
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Un repaso a la política fiscal centroamericana 2008

En 2008 Centroamérica se enfrentó a sostenidos aumentos en los precios de los alimentos y en el valor de los hidrocarburos. Asimismo, la región comenzó a registrar menores tasas de crecimiento económico, como resultado de la desaceleración económica mundial. Estos dos fenómenos implicaron en todos los países, aunque con diferente intensidad, cambios en el nivel y el destino del gasto público y en la recaudación de los tributos.

En cuanto al gasto público, en términos del PIB, éste fue superior en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá, al compararlo con 2007. En Honduras y Guatemala, los datos preliminares de 2008 revelan que el gasto sufrió una contracción con respecto al año anterior.

Si bien en todos los países se pusieron en marcha medidas para amortiguar los efectos en el alza de los precios, tales como el otorgamiento de subsidios de precios al consumo de alimentos, electricidad, gas y transporte público, y el fomento de la producción de alimentos y granos mediante la adquisición de fertilizantes y otros insumos, aún no se ha determinado el impacto de las mismas.

Los ingresos tributarios de 2008 cayeron, en términos reales, con respecto a 2007 en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, reflejando el menor crecimiento económico de 2008 y las disminuciones de aranceles a las importaciones de algunos bienes de consumo básico.

En El Salvador el registro preliminar señala que, a pesar de la desaceleración económica, la recaudación fue similar a la de 2007, lo que se atribuye a las mejoras en la administración tributaria aprobadas en la reforma de 2005. Honduras y Panamá aún no cuentan con estos datos.

A pesar de lo anterior, los niveles de endeudamiento de la región continuaron disminuyendo. Asimismo, en todos los países se continuaron implementando procesos para mejorar la recaudación y transparentar el gasto.

En términos generales, el actual panorama de las finanzas públicas de la región denota innegables mejoras con respecto a años anteriores. Sin embargo, continúa pendiente en la región una reforma fiscal que, por el lado de los ingresos públicos, diseñe un sistema impositivo en donde todos los ciudadanos y las empresas tengan la obligación de aportar de acuerdo a sus posibilidades.

Este sistema, por el lado del gasto, debe permitir a los Estados responder no solo a los desafíos económicos (carreteras, aeropuertos, electricidad, etc.) sino también a los desafíos propios de una sociedad que apuesta por la democracia, y en donde la educación, la salud, el empleo digno y la protección social, entre otros derechos, deben garantizarse de manera universal.