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Existen empresas o negocios que están entregando facturas, que aunque contienen los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto No. 1357, Ley para el Control de las Facturaciones o Ley de Pie de Imprenta Fiscal y las obligaciones dispuestas en el artículo 143, numerales 3 y 6 de la Ley de Concertación Tributaria (LCT) y en el artículo 100, numeral 1 de su Reglamento “concernientes a extender factura por medios manuales o electrónicos” se borran a los tres meses. Este artículo del Reglamento en el literal e aclara que las cintas o tiquetes sean guardadas o archivadas por el período de la prescripción establecida en el artículo 43 del CTr.

¿Cómo respaldar su débito o crédito fiscal del IVA y el gasto en estas circunstancias?


Antes de revisar el respaldo hagamos un tour por las obligaciones de los contribuyentes señaladas en el artículo 103, numerales 3 y 5 del Código Tributario de Nicaragua (CTr.) al disponer que son deberes formales de contribuyentes y responsables conservar en buen estado por el tiempo de la prescripción los registros y documentos de interés tributario, así como los soportes en que conste el cumplimiento de sus obligaciones y además emitir facturas y comprobantes en la forma y contenido que exigen las leyes y demás disposiciones de la materia. 
Los artículos 42 y 43 de dicho código determinan que toda obligación tributaria prescribe a los cuatro años, contados a partir de la fecha en que comienza a ser exigible. Una conclusión de entrada es que existe obligación de conservar por cuatro años los documentos y estos a los tres meses se borran, entonces ya estamos en problemas para soportar la transacción.

Situación de la Empresa que vende


• El artículo 114 de la LCT, referido a la traslación o débito fiscal, preceptúa que el responsable recaudador trasladará el  impuesto al valor agregado (IVA) a las personas que adquieran los bienes, reciban los servicios o hagan uso o goce de estos. 
• El artículo 78 de su reglamento precisa como regla general que la traslación se hará en la factura de forma expresa y por separado, el precio libre de impuesto y el impuesto correspondiente.
• La Empresa que vende está obligada fiscalmente a guardar y archivar sus facturas por el período de la prescripción establecida en el artículo 43 del CTr.
• Lo anterior se supera si se emplea o exige al proveedor o imprenta la utilización de papelería de calidad que no se borre o permita conservarlas en buen estado por cuatro años. La DGI podría incluir este requerimiento en el proceso de autorización.
• Otra alternativa, pero vista exclusivamente desde los intereses de la Empresa que vende, es que la DGI  le autorice tener un respaldo de forma electrónica de la factura que se emite a través de las cajas registradoras o computadoras.

Situación de la Empresa que compra:


• Si la empresa que compra solamente utiliza la factura para soportar la acreditación del IVA, la contingencia fiscal aumenta en la medida que el documento se borra.
• Si la empresa solicita compensación o devolución de saldo, de entrada es out por regla, dado que la autoridad fiscal argumenta que la factura está ilegible o se borra.
• También tiene su impacto negativo en los costos y gastos en vista de que al no poder leerse o borrarse la factura el costo o el gasto se convierte en no deducible, de conformidad con el primer párrafo del artículo 39 de la LCT, al disponer que son deducibles los costos y gastos que estén respaldados por sus comprobantes correspondientes.
• De conformidad con el artículo 89 del Código Tributario de Nicaragua, la carga de la prueba le corresponde al contribuyente, ya que este artículo ordena de que en los procedimientos tributarios administrativos o jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos o pretensiones, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 
• La salida a esta situación es autenticar cada factura de conformidad con la Ley de Fotocopias, lo que hace que la empresa incurra en costos adicionales y en utilización de tiempo que podría evitarse corrigiendo el mal de raíz en la autorización de la autoridad competente. 


* Socio - Director de Asesoría Tributaria S.A. (ATRISA) www.atrisanic.com