Jorge Eduardo Arellano
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Centroamérica reprobada en transparencia presupuestaria

La organización International Budget Partnership -IBP- presentó recientemente el Índice de Presupuesto Abierto 2008 –IPA–, el cual constituye una medida comparativa de transparencia presupuestaria de 85 países alrededor del mundo, pues evalúa la cantidad y tipo de información presupuestaria que los gobiernos ponen a disposición de sus ciudadanos.

De acuerdo con el IPA 2008, los países mejor calificados de Centroamérica fueron Guatemala y Costa Rica, países que lograron 45 puntos de 100, lo que evidencia que en estas naciones se ofrece alguna información presupuestaria, que a la luz de la evaluación es insuficiente para el fortalecimiento de la transparencia.

Por su parte, El Salvador con 37 puntos, ofrece información presupuestaria mínima, mientras que Honduras y Nicaragua con menos de 20 puntos, son los países más rezagados en términos de transparencia fiscal. Panamá, no fue evaluada en el IPA, pero al analizar la información fiscal que se genera y el proceso presupuestario, podría estar comprendida con el grupo de países que ofrecen alguna información presupuestaria.

Las bajas calificaciones de todos los países centroamericanos reflejan, en primer término, el poco acceso de los ciudadanos a información oportuna, y a espacios que les permita participar de manera significativa en el proceso presupuestario y en la rendición de cuentas al gobierno. Asimismo, y con excepción de Costa Rica y Panamá, la debilidad de las instituciones públicas de supervisión o contraloría, constituye un obstáculo para la transparencia fiscal.

Los resultados descritos obligan a las autoridades fiscales a tomar medidas, entre ellas el difundir la información presupuestaria por medio de métodos, formas y medios de comunicación que sean comprensibles y útiles a la población en general; institucionalizar los mecanismos de participación ciudadana en el proceso presupuestario, incluyendo audiencias públicas durante la formulación y discusión de la propuesta de presupuesto del Organismo Ejecutivo.

Se requiere también apoyar reformas para mejorar la independencia y la capacidad de las contralorías para desempeñar sus funciones de supervisión oficial; y construir sistemas efectivos de información de las finanzas públicas que mejoren la calidad y oportunidad de la información.