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La principal cúpula empresarial de Panamá solicitó con urgencia al parlamento aprobar distintos proyectos de ley, algunos de los cuales tienen meses engavetados, que permitirían a la justicia prevenir la corrupción y responder eficazmente a casos como el de los sobornos de Odebrecht.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) pidió a la Asamblea Nacional en un comunicado un debate "de altura" sobre el proyecto 245 que busca incorporar al sistema inquisitivo mixto de justicia los mecanismos de negociación para lograr acuerdos de pena. La reforma legal no solo ayudaría a reducir el hacinamiento carcelario sino avanzar más rápido en las investigaciones por el caso de las coimas de Odebrecht, han dicho los defensores de la iniciativa, que ha generado todo un debate por temores a que alimente la impunidad.

La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, ha dicho en distintas oportunidades que tal y como está conformado el sistema inquisitivo, la justicia local no puede responder a un caso como el de Odebrecht con la celeridad que han mostrado las autoridades de otros países, donde la constructora brasileña ha alcanzado acuerdos judiciales que incluyen el pago de millones de dólares.

Panamá rige a nivel nacional desde septiembre el nuevo sistema penal acusatorio (SPA), pero el antiguo sistema inquisitivo se sigue aplicando dependiendo de la fecha en que presuntamente se cometió el delito. La cámara empresarial ve “con preocupación que la mayor parte de las iniciativas enfocadas a fortalecer la transparencia y luchar contra la impunidad, se encuentran en manos de un Órgano Legislativo polarizado, que dilata el debate de proyectos” importantes como el 245 sobre “delación premiada”, las reformas electorales y las modificaciones a la ley de contrataciones públicas.

Calificó como “inconcebible” que esta última iniciativa, que entre otras cosas busca bloquear la contratación de empresas que hayan sido condenadas local o internacionalmente por blanqueo de capitales o corrupción, continúe “engavetada” desde que el proyecto retornó al hemiciclo en junio pasado con objeciones del Ejecutivo.