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De “muy positiva” y con altas expectativas califica la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) la Ley de Garantías Mobiliarias aprobada por la Asamblea Nacional en octubre del año pasado y que significa para las entidades microfinancieras del país una oportunidad de crecimiento en razón de las facilidades de crédito oportuno y más expedito que se les abre a los pequeños y microempresarios del país.

Verónica Herrera, presidenta de Asomif, explicó que la ley nace con “el espíritu de lograr que los micros y pequeños empresarios tengan mayor acceso a fuentes de financiamiento y que la garantía no sea una limitante para hacer crecer sus negocios”; además, la ley contempla crear un registro único a nivel nacional para la inscripción de estas garantías, lo que agilizará el desembolso de los préstamos.

Para Herrera, esto es un cambio histórico en la manera como venían trabajando. “Había tres o cuatro leyes que regulaban las garantías. Por ejemplo, la Ley de Prenda Comercial tenía un mecanismo o una ruta a seguir para este tipo de garantías, muy distinta de la Ley de Prenda Agraria e Industrial, que tenía otro esquema”. Por lo que la Ley de Garantías Mobiliarias viene a juntarlas todas y que se trabaje un solo esquema.

Aunque la ley está aprobada, esto tiene su efecto principalmente en el Registro Público, afirma Herrera. “En nuestra opinión debe crearse un registro único nacional que facilite localizar este tipo de garantías, de tal manera, por ejemplo, que el registro de Rivas sepa que la garantía otorgada a cliente A o B está ya registrada en el Registro Público de Managua y que esta consulta se pueda realizar al instante por medios electrónicos.

En nuestra opinión debe crearse un registro único nacional que facilite localizar este tipo de garantías, de tal manera, por ejemplo, que el registro de Rivas sepa que la garantía otorgada a cliente A o B está ya registrada en el Registro Público de Managua”.  Verónica Herrera, presidenta de Asomif

Según la presidenta de Asomif, otro aspecto a considerar es que el registro sea automatizado para que sea eficiente, “que se cree un mecanismo que facilite a las entidades de microfinanzas conocer la descripción de las garantías otorgadas por los clientes”, para lo cual, asegura, han iniciado conversaciones con el Registro Público, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), para que se establezcan mesas de trabajo entre Gobierno y el sector privado, para cuando entre en vigencia la ley con su reglamentación “salga lo más ajustada a las necesidades de las microfinancieras, de los bancos, del Registro Público y de los clientes en general”.

Finalmente, Herrera considera que este diálogo público-privado que promueve el Cosep y sus cámaras con el Gobierno y la participación de Asomif, genera altas expectativas positivas entre las partes “porque al Gobierno le interesa que la ley avance y a las entidades de microfinanzas nos interesa que los procesos se simplifiquen para que se creen las condiciones adecuadas y amigable para todos”.