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Benjamín Hernández Bojorge, experto en temas tributarios, señala que con la entrada en vigencia de los precios de transferencia, las empresas ganarán mayor control y planificación interna, mientras que el país ganará, percibiendo la cantidad de impuestos que corresponde.

La globalización y las exigencias de mercados cada vez más competitivos van planteando mayores retos a las empresas a nivel mundial. En esta realidad está inmerso Nicaragua, país que en los últimos meses ha mantenido en la palestra pública la discusión del tema de los precios de trasferencia, cuyas reglas generales fueron incorporadas en la Ley de Concertación Tributaria (LCT), publicada en diciembre del 2012.

Dicha Ley dedica el Capítulo V del Título I exclusivamente a los precios de trasferencia, explica Benjamín Hernández Bojorge, coordinador de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. De acuerdo con el experto, la regulación de los precios de transferencia estaba prevista que entrara en vigencia el 1 de enero de 2016, sin embargo se prorrogó por varios meses, por lo que la nueva fecha prevista para la entrada en vigor es el 30 de junio de 2017.

Puesto que el tema en Nicaragua es nuevo y complejo, Hernández dice que el Colegio está trabajando en divulgar entre sus miembros los alcances de este instrumento. Para esto, realizará el próximo 7, 8 y 9 de junio en Managua un seminario nacional de contabilidad en el que abordará, entre otros temas, el impacto de los precios de transferencia en la economía.

¿Qué son los Precios de Transferencia?

Curiosamente la LCT no define lo que son los precios de transferencia. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los define como los precios a los cuales una empresa transfiere bienes físicos o activos intangibles o provee servicios a empresas relacionadas.

Es decir, se trata del precio que se acuerda en una operación o transacción entre dos empresas que tienen intereses económicos comunes, por estar asociados en el negocio.

¿Quiénes deben cumplir con el control de Precios de Transferencia?

Si se trata del control para efectos de cumplimiento, la encargada es la Dirección General de Ingresos (DGI). Sin embargo, aplica para todos los contribuyentes que realizan transacciones de bienes, servicios y activos intangibles con partes relacionadas.

¿Qué se entiende por Parte Relacionada?

La OCDE define partes relacionadas cuando una empresa o unas mismas personas de un estado participen directa o indirectamente en la dirección, control o el capital de una empresa de otro estado, es decir, si ambas empresas se encuentran bajo un control en común.

La LCT establece en su Artículo 94 que son partes relacionadas las que ejerzan control o dirección por poseer al menos el 40% del capital social o derechos de votos, que sean sociedades que pertenezcan a una misma unidad de decisión, que exista relación de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, contrato de colaboración empresarial, distribuidor y agente exclusivo y un establecimiento permanente y su casa matriz.

¿Qué tipo de operaciones involucra Precios de Transferencia?

Todas las transacciones llevadas a cabo entre partes relacionadas, siendo las más comunes: prestación de servicios administrativos y de manufactura, arrendamiento, distribución de productos o servicios, compra y venta de inventarios, regalías, intereses por préstamos, comisiones y asistencia técnica.

¿Quiénes son los contribuyentes obligados a presentar la declaración jurada anual de Precios de Transferencia?

La LCT en su Artículo 95 establece el ámbito de aplicación, señalando que las disposiciones de los precios de transferencia alcanzan cualquier operación que se realice entre partes relacionadas, entre un residente y un no residente, y entre un residente y aquellos que operen en régimen de zona franca.

Las definiciones establecidas en el Artículo 94 de la LCT aplican a residentes y no residentes. El Artículo 95 no especifica si el alcance es solamente a no residentes, ni hace mención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Por tanto, el ámbito de aplicación queda ambiguo.

¿Qué es el estudio de Precios de Transferencia?

Es el medio por mediante del cual el contribuyente puede demostrar que pactó sus operaciones con partes relacionadas de conformidad con el principio de plena competencia o de independencia efectiva.

La estructura del estudio de precios de transferencia, según práctica centroamericana, es el siguiente: información relativa al grupo empresarial, información relativa a la parte analizada, identificación completa de la parte analizada, validación de parte relacionada y criterio de vinculación, análisis de comparabilidad, análisis económico y conclusiones. Todo eso está en correspondencia con el Artículo 106 de la LCT.

¿Cuándo se debe presentar el estudio de precios de transferencias?

El Artículo 104, Numeral 1 de la LCT señala que los contribuyentes deben tener, al tiempo de presentar la declaración del impuesto, la información y el análisis suficiente para valorar sus operaciones con partes relacionadas.

No obstante, dicho artículo en su Numeral 2 establece que el contribuyente solo deberá aportar la documentación a requerimiento de la Administración Tributaria, dentro del plazo de 45 días desde la recepción del requerimiento.

¿Hay alguna sanción para quienes no presenten este estudio?

En el caso puntual de los precios de transferencia no existen sanciones específicas para quienes no presenten el estudio. Sin embargo, el Artículo 97 de la LCT le otorga a la Administración Tributaria la facultad de comprobar que las operaciones realizadas entre partes relacionadas se han valorado de acuerdo con el principio de libre competencia y efectuar los ajustes correspondientes cuando la valoración acordada entre las partes resultare en una menor tributación.

El Artículo 137 del Código Tributario establece una multa del 25% del impuesto cuando se compruebe que el contribuyente o responsable retenedor, ha omitido el pago o entero de los tributos que por ley le corresponde pagar o trasladar.

Benjamín Hernández Bojorge

PROFESIÓN: Contador público autorizado

Tiene 40 años de experiencia laboral. También es máster en administración de Empresas. Actualmente es socio-director de Asesoría Tributaria S.A (Atrisa) y coordinador de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua.

Se ha desempeñado como consultor tributario, gerente financiero, auditor interno, responsable de impuestos, contralor y contador general de empresas privadas.