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Los ingresos del INSS han aumentado de una manera notable, de 3,500 millones de córdobas en el año 2002 a 11,300 millones en el 2016, medido en córdobas constantes del 2006, es decir un aumento de 3.2 veces. El INSS mejoró sus ingresos debido al crecimiento económico, a la evolución demográfica, a la formalización del empleo y a la ayuda de reformas legales que aumentaron las tasas de cotización. El problema con esta última medida es que tiene un límite, ya rebasado para el caso de Nicaragua. La cotización total actual es del 25.25% para el régimen integral (el aporte del empleador es 19% y del trabajador es 6.25%). Las reformas de 2009 y 2013 han llevado a que las cotizaciones en Nicaragua sean de las más altas del continente. En Honduras se paga el 11.5%, Costa Rica 8%, Guatemala 11.83%, Bolivia 10%, Chile 14%, Colombia 16%, México 11%, y Perú 13%. Solo en Argentina, Brasil y Uruguay, las cotizaciones oscilan entre 30 y 40% del salario respectivamente. Brasil y Uruguay son países donde cambió la estructura demográfica, a favor del aumento de personas de 60 años o más con relación a la población total.

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Nicaragua tiene altas tasas de cotización sin apenas haber llegado a la transición demográfica de envejecimiento, que es la causa de los incrementos en otros países. Después de Honduras y Haití, Nicaragua es el país con la población más joven del continente. El déficit del INSS no se debe a su amplia cobertura: con aproximadamente un 25% de trabajadores cubiertos por el sistema, Nicaragua está lejos del promedio latinoamericano de 45%. El problema financiero tampoco lo están causando las pensiones en curso. El sistema aún cuenta con una buena relación entre cotizantes activos, alrededor de 857,000 personas en 2016, a pensionados por vejez, que son 131,000, incluyendo las 43,000 pensiones reducidas. Con una relación de más de 6.5 cotizantes por cada pensionado, el sistema no debería estar haciendo agua. Es indudable que eventualmente el sistema incurrirá en un déficit previsional en la próxima década, producto del envejecimiento de la población. Gráfico Katherine Ballesteros / END

El problema actual del INSS se refleja en su repentino deterioro financiero, que pasó de tener un superávit de C$239.4 millones en 2012 a un déficit de C$801.6 millones en 2016, medido en córdobas constantes del 2006. Este es el resultado del incremento de sus gastos administrativos, prestaciones e inversiones. Mientras los ingresos aumentaban en 3.2 veces en términos reales entre el 2002 y el 2016, los gastos en personal se incrementaban en 4.1 y la compra de bienes y servicios en 4.8 veces. El INSS ha emprendido un aumento de compras de activos no financieros: entre el 2008 y el 2010 invirtió en promedio C$150 millones al año; mientras entre 2014 y el 2016, invirtió en promedio C$421 millones al año, medido en córdobas constantes de 2006.

Para identificar posibles soluciones, en primer lugar, hay que separar la información financiera para cada uno de los subsistemas, el de pensiones por un lado y el de salud previsional por el otro. Esto permitirá estructurar soluciones propias a los problemas específicos de cada subsistema y procurar que ninguno de ellos incurra en más déficit.

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Los gastos deben ser reducidos, en particular hay que detener los incrementos en contrataciones de personal y racionalizar las inversiones no financieras priorizando aquellas con mayor rendimiento. Se podría fijar un porcentaje máximo que pueda ser usado para costos administrativos. En algunos sistemas se reserva el 1.5% de las cotizaciones a sufragar dichos costos.

Las reformas al componente de pensiones deberían tener elementos que fomenten a los trabajadores a cotizar. Si bien los sistemas de capitalización individual ya no gozan de la misma popularidad de antes, se podrían retomar algunos elementos positivos sin privatizar el sistema. Por ejemplo, en los pagos que el Estado de Nicaragua le está haciendo al INSS, se podría asignar una parte a una cuenta individual de tal manera que el cotizante vea que sus aportes se acumulan y que tendrá la certeza de disponer de ellos en la vejez. Esto es además justo, porque los aportes que históricamente el INSS le ha hecho al Gobierno Central eran plata de los cotizantes. El aporte estatal podría estar en función de las cotizaciones del trabajador, su historial de cotizaciones y su nivel de ingresos, premiando a aquellos asalariados de bajos ingresos que cotizan más tiempo y así generar incentivos a no salirse del sistema.

Adicionalmente, hay medidas más difíciles como la reducción de beneficios y monto de pensiones, aumento en edad de retiro y más cotizaciones para ser elegible a una pensión. Los problemas estructurales del sistema llevarán inevitablemente a ver estas opciones, las que deberían adoptarse de manera gradual. Por ejemplo, aplicar un incremento de 5 años en la edad de retiro o un incremento del número de cotizaciones mínimas a jóvenes actuales sería más asimilable políticamente, tomando en cuenta el incremento de la esperanza de vida de este grupo etario.

Como tema adicional, un problema serio que enfrenta el país es la alta informalidad de la economía. Cuando los trabajadores informales envejezcan, le pondrán presión al sistema de salud y al INSS. Es por ello importante ir pensando en un sistema no contributivo aparte del INSS, para atender a estas personas que no cotizaron, serán pobres y demandarán servicios del Estado. En casi todos los países de Latinoamérica ya existen sistemas no contributivos financiados directamente del presupuesto nacional para atender esta problemática y no recargar a los sistemas de seguridad social. Las pensiones de víctimas de guerra, pensiones reducidas y otras pensiones especiales, que suman 77,000, podrían ser parte inicial de este sistema no contributivo.

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Análisis de Funides muestran que las pensiones sí ayudan a reducir la pobreza, a pesar de la baja cobertura del sistema. Es por ello fundamental que se proteja la sostenibilidad del sistema y poder contar con él para lo que fue diseñado: asegurar la seguridad económica digna de los trabajadores al momento de la vejez.

Juan Sebastián Chamorro*
Director Ejecutivo de FUNIDES