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La empresa de equipamiento de automóviles japonesa Takata, penalizada por un escándalo de airbags defectuosos, se declaró en quiebra este lunes, anunció la compañía.

La empresa, con sede en Tokio, acusada de haber disimulado durante años un defecto en sus airbags que les hacía explotar proyectando fragmentos contra el conductor o los pasajeros, presentó la solicitud de declaración de quiebra ante la Corte del distrito de Tokio tras una reunión de la junta de administración, indicó la compañía en un comunicado.

En tanto, el lunes (hora Tokio), se suspendieron las operaciones de las acciones de Takata en la bolsa, tras una semana de enorme volatilidad.

"En una junta de la administración el 26 de junio, nuestra compañía ha decidido iniciar los procedimientos para solicitar una declaración de quiebra", afirmó Takata, añadiendo que la corte había aceptado la solicitud.

Su declaración en bancarrota está destinada a facilitar la reestructuración de esta deuda, acogerse a la protección de la legislación nipona y evitar la insolvencia, según señaló la empresa, que añadió que solicitará financiación de emergencia a entidades niponas para continuar con su actividad.

TK Holdings, subsidiaria de la empresa en Estados Unidos, también se ha declarado en quiebra en dicho país, según informó Takata, que también anunció que recibirá respaldo financiero para su reestructuración por parte de Key Safety Systems, con sede en Estados Unidos y filial de la china Ningbo Joyson Electronic.

Fundada en 1933, Takata es uno de los mayores proveedores mundiales de airbags y otros dispositivos de seguridad vial, y desde 2008 atraviesa graves dificultades económicas derivadas de los fallos localizados en el encapsulado metálico donde se aloja la bolsa del airbag.

Este problema puede causar que el airbag se abra con demasiada fuerza y proyecte fragmentos a los ocupantes, lo que se ha ligado al menos a una quincena de muertes y afecta a vehículos de una decena de fabricantes de todo el mundo.

El fallo ha provocado gastos inasumibles a la empresa por la sustitución de los dispositivos en millones de vehículos, así como por las sanciones y las compensaciones que se ha visto obligada a abonar.