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La reforma a la Ley 735 respalda a los usuarios del Sistema Financiero Nacional (SFN) y “particularmente a los depositantes”, valoró Uriel Cerna, secretario del consejo directivo de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif). 

Cerna representó ayer a la Siboif en el proceso de consultas realizado por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, que dictaminó favorablemente la reforma y esta será aprobada por el plenario del Poder Legislativo posiblemente la próxima semana.

Se trata de una reforma al inciso “g” del artículo 35 y de una adición al artículo 61, ambos articulados son de la Ley  de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (Ley 735). 

Los cambios garantizan que las instituciones financieras puedan recuperar los créditos otorgados a personas que resultan culpables de delitos vinculados al crimen organizado y narcotráfico, ejecutando las prendas crediticias o hipotecarias que se hayan puesto como garantía para poder obtener el crédito. 

Actualmente, la Ley 735 presenta un “vacío” en este tema y por eso se hizo necesaria la reforma. 

Cerna explicó que “a través de esa reforma lo que se está protegiendo no es a determinadas entidades bancarias o financieras, sino que se está protegiendo a una actividad del Estado como es la intermediación financiera, al respetar las garantías y las hipotecas a favor de las entidades bancarias, se están respaldando a los usuarios del Sistema Financiero y particularmente a los depositantes”. 

Fical: había un vacío 

Por su parte, la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, reconoció que en la actualidad se tienen “ciertas dificultades,   porque había un vacío” en el procedimiento y no estaba establecida con claridad la garantía que las instituciones financieras deben tener para poder recuperar los créditos mediante la ejecución de las prendas o las hipotecas puestas como garantías por aquellas personas que resulten culpables de crimen organizado. Al preguntarle a la fiscal general cómo resolvían actualmente el tema de las garantías de las instituciones financieras para que pudieran ejecutar las prendas o hipotecas de personas acusadas de cometer este tipo de delitos, respondió que “generalmente decomisábamos los bienes (a los acusados por crimen organizado y narcotráfico), porque no había un procedimiento (en cuanto a las garantías de las instituciones financieras)”. “Decomisábamos cuando no podían probar que esos bienes no eran lícitos. Como no había un procedimiento (sobre las garantías de recuperación de crédito), entonces teníamos ciertas dificultades”, agregó.