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Desde el referendo inconstitucional, más de 1,300 empresas se fueron de Cataluña, entre ellas algunas emblemáticas como el banco CaixaBank, la productora de cava Codorniu o la editorial Planeta.

“Las consecuencias (de declarar la independencia) son imprevisibles pero en cualquier caso dramáticas”, advertía en una nota el influyente foro empresarial catalán Círculo de Economía, pidiendo la convocatoria “inmediata” de elecciones regionales.

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Pero de momento, esta opción reclamada también por los principales periódicos de la región “no está sobre la mesa”, según dijo el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull.

El gobierno español se dispone a asumir el control total de las finanzas catalanas, ya bajo tutela parcial, lo que dejaría sin ningún recurso propio al ejecutivo regional.

Medios de comunicación de España informan que el saldo de firmas que han trasladado su sede social a otras comunidades autónomas se eleva a 1,302, entre el pasado 2 de octubre y el viernes 20, según los datos suministrados por el Colegio de Registradores Mercantiles de España.

El pasado viernes otras 117 sociedades se marcharon de la región. El máximo desde el 1-O, no obstante, se alcanzó el pasado jueves, cuando se trasladaron 268 empresas.

De acuerdo con el diario ABC, la mayor parte de las empresas que han salido de Cataluña procedían de Barcelona (1,165), mientras que 25 salieron de Gerona, 57 se han trasladado desde Lérida y 55 lo han hecho desde Tarragona.

“La tendencia se ha ido agudizando conforme han ido transcurriendo las semanas: en los primeros cinco días laborables desde el referéndum ilegal del 1-O, se mudaron 7 empresas, cifra que ascendió hasta las 625 de la semana siguiente y 670 en la última”, informó el diario español. 

Rajoy tomará control de finanzas catalanas

El sábado pasado, el ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que quiere hacerse con el control de los ingresos fiscales percibidos directamente por el gobierno catalán.

Dichos ingresos consisten en determinados impuestos (gravámenes al patrimonio, derechos de sucesión) y gastos de matrícula en universidades públicas. Representan alrededor de un 25% de los ingresos del Ejecutivo dirigido por Carles Puigdemont.

Si el Senado, donde el partido de Rajoy es mayoritario, aprueba el próximo viernes las medidas solicitadas por el Gobierno, la dirección general de impuestos de Cataluña deberá someter todas sus decisiones al Ministerio de Hacienda y no al actual número dos de la Generalitat, Oriol Junqueras.

De esta manera, el Ejecutivo catalán perderá todo margen de maniobra financiera, dado que Madrid ya puso bajo su control el resto de sus recursos.

A mitad de septiembre, el gobierno español decidió cortocircuitar financieramente al gobierno catalán, a fin de evitar que sus dirigentes desviaran dinero público a tareas de organización del referendo ilegal del 1 de octubre, por ejemplo, la compra de urnas.

De manera ordinaria, el Estado español recauda la mayor parte de los impuestos (salvo en el País Vasco y Navarra, que tienen autonomía fiscal), y luego reparte el dinero entre las distintas regiones. Estas, a su vez, pagan las nóminas de los funcionarios, los servicios sociales y educativos, etc.

Desde el 15 de septiembre, Madrid ya no deposita ese dinero en las cuentas de la Generalitat, sino que paga directamente las facturas de los servicios públicos esenciales de Cataluña (hospitales, escuelas, policía, etc).

El gobierno de Rajoy tomó esta medida drástica después de que los separatistas se negaran a someterse a un control semanal de sus cuentas, que se les había impuesto desde el mes de julio.