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La organización costarricense Estado de la Nación reveló recientemente que los cambios en la política migratoria de Estados Unidos impactarán económicamente en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, países que en 2016 recibieron más ingresos por remesas que por inversión extranjera directa (IED).

“Los virajes experimentados en la política migratoria estadounidense durante la administración Trump impactarán considerablemente a la región centroamericana, en diversas áreas como su economía, demografía, y mercados laborales”, señala la organización en una nota de prensa divulgada ayer. 

El Estado de la Nación considera que ante el evidente aumento de los migrantes centroamericanos en EE. UU., y la situación actual con respecto a las medidas migratorias mucho más estrictas de dicho país, el escenario socioeconómico es incierto para gran parte de estos migrantes, así como para las economías que dependen de las remesas que ellos envían.

Mario Herrera, investigador del Proyecto Estado de la Región, indica que en 1990, cerca de la mitad del total de migrantes de la región residía en EE. UU., mientras que una tercera parte radicaba en países de Centroamérica; sin embargo, esta situación se modificó en los siguientes años, ya que para el año 2000, más del 75% de la migración centroamericana se hallaba en EE. UU.

El informe menciona que durante la administración del presidente Donald  Trump se ha cancelado  el estatus de protección temporal (TPS) aproximadamente a 195,000 salvadoreños y 2,500 nicaragüenses. Asimismo, alrededor de 57,000 hondureños podrían perder esta condición en un futuro próximo. 

“En el ámbito económico, los efectos negativos podrían ser muy fuertes. Por ejemplo, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua recibieron más ingresos por remesas que por inversión extranjera directa (IED) en 2016. En el caso de El Salvador, las remesas fueron 11 veces mayores que la IED”, menciona la nota de prensa.

Sin embargo, el organismo manifiesta que la situación migratoria actual de Centroamérica también puede implicar una serie de oportunidades para la región, como fortalecer la acción regional mediante el impulso de mecanismos que garanticen la protección de los derechos humanos y la integridad física y patrimonial de las personas migrantes y sus familias.

“Aquellas personas que sean retornadas a sus países poseen probablemente educación formal y experiencias laborales distintas a las que tenían cuando dejaron sus países de origen. Dicho capital humano puede ser aprovechado para impulsar acciones que permitan contribuir a la demanda insatisfecha de recursos humanos, con perfiles afines a los que estas personas poseen”, dice.

También considera que el conocimiento y experiencia de estas personas pueden resultar valiosos para fortalecer la calidad y pertinencia de la formación ofrecida por los institutos de enseñanza técnica y profesional, e “impulsar la transformación productiva y los emprendimientos locales hacia actividades de mayor valor agregado”.