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El especialista en Telecomunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Pau Puig Gabarró, en una entrevista con El Nuevo Diario abordó  las estrategias para atraer mayor inversión pública y privada al sector de telecomunicaciones, reducir los precios de conexión y aumentar la penetración de banda ancha a zonas rurales.  

Lo anterior es parte del contenido abordado en la reciente publicación del BID: “La gobernanza de las telecomunicaciones: hacia la economía digital”, de la cual es coautor.

¿Cómo definen gobernanza de las telecomunicaciones y por qué deciden investigar sobre esta línea? 

Nos referimos al marco institucional y al acompañamiento del marco legal y regulatorio, sobre todo las instituciones que tienen un rol protagónico no solo en gestionar sino para promover el avance hacia la economía digital. El sector que se ha encargado de las tecnologías digitales ha sido el de las telecomunicaciones y es por eso que consideramos que los agentes tanto públicos como privados y sociedad civil de las telecomunicaciones tienen un papel dentro de la economía digital porque son quienes han capitalizado buena parte de los activos: tanto infraestructura digital, como de políticas públicas, uso y adopción es por eso que nos centramos en la gobernanza de las telecomunicaciones para la economía digital.

Es más costoso llegar al usuario final a través de la banda ancha fija y estos repercuten en la tarifa a usuario final.

¿Cuál es el impacto de las regulaciones en el proceso de digitalización de la economía? 

En países de la región queda mucho por hacer en materia regulatoria. El marco regulatorio del sector es una herramienta poderosa para aumentar la competitividad de la economía en general a través del aumento de la competencia del sector de la telecomunicación. Las herramientas regulatorias son recursos que tiene la autoridad pública para aumentar la competencia en el sector no solo a nivel de mercado y servicios a los usuarios finales, sino también entre operadores y servicios mayoristas. Las regulaciones como compartición de infraestructura de interconexión y de roaming nacional y  portabilidad numérica  están encaminadas  a fomentar la competencia, porque al final es una manera  de aumentar la calidad y asequibilidad  de los servicios.

¿Cómo determinan el grado de competencia en la región? ¿Y en qué punto se encuentra Nicaragua?

 Se mide la competencia a través del índice Herfindahl- Hirschman, que mide la concentración del mercado, teniendo en cuenta cuántos actores hay y cómo se reparten la cuota del mercado. Cuando vemos Nicaragua y lo comparamos con Centroamérica, América Latina y los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vemos que tiene trabajo por delante si quiere alcanzar y superar los promedios de la región, en parámetros como la calidad del servicio, la asequibilidad de los servicios y la penetración. 

¿En qué regulaciones se está enfocando la región y cuáles tienen menor nivel de progreso?

Hay distintos niveles de avances, sin embargo en algunos casos hay parámetros comunes en la región en los que queda trabajo por hacer. 

En el caso de la regulación en interconexión hay niveles avanzados de cumplimientos, y puntos de intercambio de tráfico en muchos países. Otras regulaciones, como la de protección de datos en muchos países de la región, no están tan avanzadas. Es un punto donde la región puede mejorar.

Cuando una llamada empieza y termina dentro de la misma red  el operador no tiene que pagar costos de operación de llamada a otro operador.

¿De qué forma la interconexión propicia la competencia?

Si se piensa en la telefonía móvil, hay países en que los precios son diferentes, cuando se llama a usuarios con un mismo operador común y cuando se llama a uno de un operador diferente. Uno de los motivos que existen es que cuando una llamada empieza y termina dentro de la misma red  el operador no tiene que pagar costos de operación de llamada a otro operador, en cambio cuando un operador debe utilizar red o equipos de otro para completar esa llamada tiene que hacerle un pago y el que exige el uno al otro es muy alto, hace que el precio de la llamada de los operadores  diferentes aumente y eso repercute en el usuario que finalmente acaba teniendo dos teléfonos. No es positivo para la competencia, porque limita las elecciones del usuario, porque debe escoger a todos los operadores, el usuario no tiene poder de elección porque tiene que escogerlos a todos o a varios.

En el estudio hay un indicador relacionado a la existencia de un Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). En Centroamérica ninguno lo tiene. ¿Por qué sería importante la creación de uno? 

La exclusividad no es imprescindible, pero sí es necesario que la autoridad tenga un punto focal. Las telecomunicaciones serían una vertical sectorial que es donde se han ocupado las tecnologías digitales, aparte de la informática. Mientras que las TIC se interpreta como una herramienta transversal. 

Las TIC tienen un efecto muy importante en el crecimiento y la productividad en los distintos sectores de la economía, se requiere de un liderazgo firme y visionario, incluso que lidere la adopción de tecnología de la información y la telecomunicación en distintos sectores, tanto público como privado. 

¿Cómo incentivar mayor inversión en telecomunicaciones tanto públicas y privadas?

Para incentivar la inversión del sector privado, es importante que exista un marco legal regulatorio e institucional previsible y que se permita la  entrada de nuevos actores. 

Para nuevos inversores, es importante que tenga la seguridad o garantías que podrán competir en igualdad de condiciones con los actores que ya están en el mercado. 

El sector público tiene varias opciones, puede hacer inversiones  en infraestructura que luego vaya a ser utilizada o compartida de alguna manera con los operadores del sector privado, podés seguir imponiendo obligaciones en las licitaciones de espectro radioeléctrico, a través de regulación, facilitando derechos de vías y asegurar de que el sector público contribuirá con ciertos servicios con el sector privado. Lo importante es que exista una cooperación entre el sector público y privado para atraer las inversiones.

Nicaragua tiene uno de los costos más altos de conexión de banda ancha fija. ¿Cómo lograr una reducción del precio sin alterar las relaciones entre el Estado y la empresa privada?

Es más costoso llegar al usuario final a través de la banda ancha fija y estos repercuten en la tarifa a usuario final. Evidentemente hay que  hacer un esfuerzo para maximizar el uso de Internet en las modalidades más viables, de mayor calidad posible y accesibilidad.

 Hay varias políticas y regulaciones que pueden incidir en la reducción de precios. Voy a centrarme en la compartición de infraestructura que puede ser regulada o voluntaria entre operadores, depende del caso y de las prioridades de cada agente. Si los operadores comparten una antena, suministros eléctricos, fibra óptica, edificios, obra civil, por ejemplo, los costos se reducen de manera importante y una reducción de costes puede traducirse en una reducción de precios al usuario final, que lleva mayor asequibilidad de servicios y a su vez en mayor penetración de servicio.

¿Cómo podría incentivar el estado a una mayor cobertura en zonas rurales?

Los fondos de Servicio Universal tienen usos muy concretos, difieren en cada país. Muy a menudo van enfocados a expandir infraestructura en zonas donde no es económicamente muy atractivo para la iniciativa privada. Es importante que estos fondos tengan el foco de complementar a la iniciativa privada.

Hay varios esquemas para ofrecerlos  (servicios  en la zona rural), una opción sería a través del Fondo de Servicio Universal conectar (proveer de banda ancha) instituciones públicas: hospitales, conectar escuelas, municipalidades y abrir la posibilidad a que el sector privado aproveche esta inversión pública para ofrecer servicios también a usuarios finales. 

Otra alternativa son los planes nacionales de banda ancha que establecen una línea de tiempo para lograr objetivos y acciones específicas (asignadas) a cada institución. Es por eso la importancia de que existan instituciones que ejecuten una gobernanza estratégica en el sector de telecomunicaciones para apoyar el desarrollo de la economía digital.

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