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La crisis sociopolítica que vive Nicaragua en este momento tiene paralizado económicamente al país, dice el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacoby, a lo que se está sumando en la actualidad el tema de la inseguridad ciudadana, que también afecta el surgimiento de nuevos emprendimientos en el país y el consumo por parte de la población.

“Lo que más afecta es la incertidumbre de cuándo se va a resolver esto, entonces si tenías pensado hacer una inversión es mejor que ahorita no la hagás”, afirmó Jacoby.

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El presidente de APEN señaló que ahorita todos los negocios se están viendo afectados por la inseguridad ciudadana. “En este momento, salir de noche por ejemplo es un riesgo, porque no sabés cómo y con qué te vas a encontrar en la calle. La incertidumbre te da un marco de prudencia mayor al que normalmente tenés”, explicó.

En ese sentido aseveró que si los clientes no llegan a los negocios, principalmente los comerciales y del sector turismo, se ven obligados a cerrar y disminuir sus ingresos. 

Recordó además que muchos negocios están siendo saqueados por las noches.

A Jacoby le ha preocupado mucho el tema de la inseguridad en el país, pero subrayó: “Me ha asombrado que la ciudadanía salió a defender muchos locales”.

“La ciudadanía ha reaccionado de una manera muy solidaria, al darse cuenta que no había seguridad pública. Yo nunca lo había visto, pero la gente se ha unido para defender los supermercados y demás negocios. Es un fenómeno muy interesante que te habla mucho del nicaragüense”, opinó el empresario, quien espera que Nicaragua no llegue a los niveles de inseguridad de sus vecinos de Centroamérica.  

Aumenta demanda de seguridad privada

Gustavo Medina, gerente comercial de la empresa de vigilancia Silver Cops Security, advirtió que la proliferación de la inseguridad contribuirá a la “disminución del crecimiento económico de una manera considerable, con afectaciones sobre todo a sectores sensibles como el turismo, hotelería y el comercio”.

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Carlos Vásquez, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Nicaragua (Asegprin), afirmó que debido a la ola de violencia e inseguridad que proliferó en el país pocos días después del 18 de abril, cuando explotó la actual crisis sociopolítica, la demanda de seguridad física, o sea de guardas de seguridad, se ha incrementado.

El crecimiento se debe a que las empresas que cuentan con ese servicio han decidido reforzarlo para resguardar las infraestructuras de sus locales, explicó, aclarando que contradictoriamente no han experimentado crecimiento de nuevos clientes.

“Lo que es seguridad física solo se ha incrementado en los clientes que tenemos, no en los clientes nuevos. Nuestros clientes han demandado más personal de seguridad de reforzamiento, para evitar que les toquen la infraestructura física, pero con clientes nuevos no hemos hecho ni una sola venta (de sistemas de seguridad electrónica) en los últimos dos meses”, indicó el representante de Asegprin, una organización que agrupa a 15 empresas de seguridad privada.

Vásquez cree que las mismas pérdidas que han sufrido los comerciantes no les han permitido invertir en sistemas de seguridad electrónica, como alarmas y circuitos cerrados de televisión.

Medina coincide con Vásquez en que ha crecido la contratación de seguridad privada en el país, pero advirtió que “cada vez con más riesgos”.

Al mismo tiempo, el gerente comercial de Silver Cops Security recomendó a los empresarios “invertir en sistemas de seguridad electrónica con monitoreo remoto y organizarse entre los mismos negocios frente a la delincuencia y vandalismo”. 

“Los dueños de negocios tienen que aprender a organizarse, dado que la vigilancia comunitaria cobrará cada vez más importancia”, indicó.

Seguridad pública

Nicaragua era reconocido hasta hace poco como el país más seguro de Centroamérica, pero las noticias de los últimos días en los medios de comunicación del país denotan lo contrario.

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En 2011, Nicaragua invertía en tareas de seguridad pública (prevención, vigilancia y patrullaje policial; investigación criminal;  y prisión y rehabilitación) el 1.08% del producto interno bruto (PIB) del país. 

El PIB de ese entonces era de US$9,755.6 millones y el 1.08% equivalía a US$105.36 millones, de acuerdo con el informe  “Aumento de recursos y algunos resultados en seguridad y justicia, 2008-2015” de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), publicado en 2016.

El país gastó en2011 en investigación criminal solo 0.167% del PIB, la segunda proporción más baja de Centroamérica.

De acuerdo con el informe, el gasto de Nicaragua era el segundo más bajo de la región, en términos del PIB. El más bajo correspondía a Guatemala, con 1.01%; mientras que Panamá era el de mayor gasto, con 1.89%; seguido por El Salvador, con 1.85%.