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Veinticinco propiedades, con extensiones de entre 5 y 1,500 manzanas, han sido invadidas por tomatierras en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país desde el pasado 18 de abril, de acuerdo con la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).

El área total afectada, asegura Upanic, asciende a 5,550 manzanas, reportándose fincas de uso agrícola, pecuario, habitacional, forestal, entre otros.

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Según el conteo de esa organización, 32.5% de las áreas afectadas por los tomatierras son mayores de 100 manzanas; 22.58% son terrenos de 50 a 99 manzanas; y 46.16% son terrenos menores a 50 manzanas.

 

El problema se ha presentado en siete departamentos, pero Chinandega es el más afectado, de acuerdo con las denuncias que ha recibido Upanic. Del área total, el 43% se ubica en ese departamento; 25% en Managua; 11% en Rivas; 7% en Estelí; 7% en Matagalpa; y 3% en Granada.

Las áreas agrícolas representan el 43% del área total afectada, en las que se cultiva caña de azúcar (826 manzanas invadidas), maní (731 manzanas), café (700 manzanas), plátano (40 manzanas), aguacate (40 manzanas) y sorgo (67 manzanas).

Las áreas pecuarias representan el 44%; las habitacionales, 7%; las forestales 5%, y otras, de carácter industrial y minero, 1%.

Tomas violentas

“Estas acciones ilegítimas son ejecutadas por personas fuertemente armadas, despojando de la posesión a sus legítimos propietarios a través de la violencia y maltrato, con lo cual se está usurpando el dominio privado y vulnerando el derecho a la propiedad, reconocido en la Constitución Política de Nicaragua”, manifestó Upanic.

Entre el 10 y 11 de junio pasado, alrededor de 1,000 personas invadieron la propiedad de 32 manzanas de tierra conocida como La Ceiba, en el sector Las Joyas, en Estelí.

Ulises Herrera, uno de los propietarios de La Ceiba, de la familia Herrera Molina, contó que “esas personas tienen instaladas champas de plástico y se han repartido el terreno”.

Los tomatierras se tomaron la propiedad en su totalidad.

“El segundo día de la toma, destruyeron un galerón de tabaco que estaba en la propiedad, valorado en varias decenas de miles de dólares. El zinc y la madera la usaron para hacer sus champas y otra parte la sacaron fuera de la propiedad”, narró Herrera.

El afectado afirmó que han acudido con el caso a las autoridades de Estelí, entre ellas el alcalde, Francisco Ramón Valenzuela, quien hizo público un comunicado en el que mencionó que “la Alcaldía no tiene ninguna responsabilidad en las tomas de tierra”, que “la Alcaldía llama a los tomatierras a no seguir invadiendo propiedades” y, en tercer lugar, “que la municipalidad tiene programas de viviendas, que desarrollan con dificultad, pero que pueden apoyar a los necesitados de lotes para casas”.

Sin embargo, el alcalde Valenzuela habría instado después a los dueños de propiedades afectados a tratar de persuadir por su cuenta a los tomatierras y a desalojarlos con armas de fuego, si era necesario, según Herrera.

“Ha habido varias propiedades tomadas (En Estelí). La de nosotros es la más grande. Y no se ha hecho nada. Ahorita nadie asume responsabilidad de desalojo. Ni la Alcaldía, ni la Procuraduría, ni la Policía, ni el Ejército, ni el Poder Judicial”, señaló.

La propiedad La Ceiba históricamente se dedicaba a la siembra de tabaco. Según Ulises Herrera, era propiedad de su abuelo y ha sido traspasada de generación a generación. Hoy la tiene en su poder, de manera legal, la familia Herrera Molina. Desde hace unos años, con el desarrollo de Estelí, la familia decidió lotificar el terreno, porque “ya prácticamente la propiedad se encuentra en el casco urbano”.

Otra de las propiedades tomadas en su totalidad y con violencia es la hacienda Hato Grande, en Villanueva, municipio de Chinandega.

Arsenia Aguilar, nieta del propietario de la finca, contó que la mañana del 11 de junio “irrumpieron en Hato Grande unos 200 hombres armados”.

El área total afectada, asegura Upanic, asciende a 5,550 manzanas, reportándose fincas de uso agrícola, pecuario, habitacional, forestal, entre otros. Foto: Alejandro Sánchez/END

Estos les dijeron a sus propietarios que tenían seis horas para salir y sacar el ganado de la propiedad. “Los sacaron inmediatamente. Mi abuela es diabética, depende de insulina y no le permitieron sacar su medicamento. Mis abuelos terminaron posando en la casa de un amigo de la familia, cerca de la finca”, contó Aguilar.

La finca, de más de 700 manzanas de tierra, se dedica a la producción de ganado y granos básicos.

“A la siguiente semana, (los tomatierras) sacaron el ganado a la carretera y entre una tía y yo lo volvimos a meter. Estaban en la carretera a la intemperie. El día siguiente, lo volvieron a sacar y le pusieron en los cuernos a un toro: ‘Con lo que pase con ustedes, no nos hacemos responsables. Atentamente, retirados del Ejército’”, relató la joven.

La demandante dijo que la propiedad la adquirió su actual propietario a través de una permuta, pero que los tomatierras “alegan que el Estado le dio manzanas de más”. 

Venden y destruyen propiedades

Agregó que esos tomatierras una vez les propusieron regresarle 500 manzanas y quedarse con más de 200. “Pero en ningún momento vamos a aceptar porque nosotros tenemos todos nuestros papeles en regla”, subrayó.

Aguilar insistió en que los tomatierras han actuado con violencia, porque la segunda vez que sacaron el ganado fuera de la finca, les dispararon. Señaló que los cabecillas del grupo están vendiendo materiales de construcción que había en la hacienda y están cobrando por los terrenos, prometiéndoles a las personas que tendrán legalizado todo en los próximos 15 días.

Igual que en Estelí, las autoridades de Villanueva y Chinandega incitaron a los propietarios de Hato Grande a desalojar por su propia cuenta a las personas que se tomaron la finca.

De acuerdo con los afectados por tomatierras y Upanic, hay un temor latente entre los dueños de propiedades en todo el país.

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Las tomas de tierras han sido calificadas por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) como acciones dirigidas dentro del contexto de crisis sociopolítica que vive el país.

“Estos grupos sigue actuando en completa impunidad y ahora también se evidencia que son utilizados para intimidar y reprimir de forma directa al sector privado a través de dirigir y organizar tomas e invasiones de tierras al margen de la Constitución y las leyes, violentando y usurpando el derecho a la propiedad privada con la complacencia de las autoridades del Gobierno y policiales del país, lo cual nos lleva a observar con suma preocupación formas de confiscaciones de hecho en nuestro país”, denunció el Cosep en un comunicado.

Asimismo, el tema ha sido expuesto en sus informes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).