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El Instituto Centroameri-cano de Estudios Fiscales instó ayer a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala a resolver con “independencia” y “en definitiva” la acción de inconstitucionalidad que revivió el viernes el secreto bancario de manera provisional, pues ve un “retroceso muy grave”.

El ente regional dijo en un comunicado que —de mantener en firme el expediente 3267-2018 que otorgó a favor de la entidad privada Escalas Mercantiles Innovadores, Sociedad Anónima— Guatemala “retrocedería en lo avanzado” en materia de transparencia tributaria y “abriría espacios para la impunidad”.

A nivel internacional, subrayó el Instituto Centroamericano, el llamado secreto bancario “podría traer consigo consecuencias negativas tales como restricciones a la inversión extranjera, tasas más altas en la concesión de préstamos a los sectores privado y público, entre otras”. 

A criterio del Instituto, “la lucha contra la corrupción incluye garantizar que la legislación se ajuste a los mejores estándares y experiencias internacionales de transparencia tributaria”. 

El artículo removido de manera provisional de la Ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria es el 30 en su literal C, el cual había sido añadido en la reforma a la Ley de la Hacienda guatemalteca en 2016.

Este señalaba que Hacienda podría requerir “información sobre movimientos bancarios, transacciones, inversiones, activos disponibles u otras operaciones y servicios realizados por cualquier persona individual o jurídica, ente o patrimonio” a las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos “en casos de duda razonable de sus actividades u operaciones que ameriten un proceso de investigación”.

Al concluir el análisis de la información recabada, en caso de que existiera “probabilidad de infracciones o ilícitos”, el ente recaudador de impuestos notificaría las infracciones a los contribuyentes o, en el peor de los casos, presentaría una “denuncia penal al órgano jurisdiccional correspondiente”.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales recordó que antes de julio de 2016, cuando el Congreso modificó la Ley de Hacienda, Guatemala “incumplía el compromiso por no regular el acceso a la información bancaria”.

El problema, en la práctica, era que el sistema tributario está “basado en autodeclaración de impuestos por cada contribuyente”, pero que la Superintendencia de Administración Tributaria, para “ejercer control y fiscalización adecuados de impuestos directos como el gravamen sobre la renta, dicha institución necesita poder comparar los registros contables con los movimientos financieros (información bancaria) de los contribuyentes”. 

Lista gris 

Con la reforma a la ley en 2016, Guatemala “salió de la denominada ‘lista gris’ de países que se han comprometido (con la transparencia fiscal)”.

Entonces, continuó el instituto, “Guatemala daba un paso adelante”, el cual fue borrado el viernes cuando el Constitucional avaló la acción del ente privado que alegó “vulneración del derecho de defensa de los contribuyentes” con la reforma a la ley.

Según medios locales, las transacciones sospechosas en 2017 registradas por la Superintendencia de Bancos fueron 2,893, mientras que en 2016, a decir de la propia institución financiera, fueron 1,533.