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 La propuesta de reforma al Presupuesto General de la República de 2018, que es acompañada de otro proyecto de ley para “crear bonos de estabilidad financiera” y un “comité de estabilidad financiera”, afirma que existe “una brecha” por una menor recaudación de ingresos, causada en parte por “la caída en el valor y componente de las importaciones”.

Indica que las importaciones caerán 3%, igual que las ventas internas como resultado de la reducción del consumo, de donde salen los principales impuestos.

Según el Gobierno, hasta marzo pasado la Dirección General de Ingresos (DGI) había registrado un sobrecumplimiento de 102% en la recaudación mensual, pero en abril y mayo alcanzó un promedio de 93% de cumplimiento, y de 74.1% en junio.

Por tanto, el Gobierno espera una reducción en la recaudación de la DGI de C$5,034 millones, para alcanzar C$49,627.7 millones.

Asimismo, espera una disminución de C$2,732.2 millones en la recaudación de la Dirección General de Aduanas (DGA). El ejecutivo también estima que el Impuesto sobre la Renta (IR) sufrirá una caída de C$1,754.5 millones y, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de C$3,714.9 millones.

“En estas circunstancias, resulta necesario reducir las fuentes de ingresos para hacerlas consistentes con la realidad económica del país y a su vez ajustar hacia la baja los niveles de gasto y su financiamiento, para de esta forma garantizar el principio de equilibrio presupuestario, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el objetivo de proteger el empleo y el gasto social”, justifica la iniciativa oficial.

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Por el conflicto sociopolítico del país, indica el Gobierno, “el comportamiento de los ingresos se ha visto afectado de tal manera que en el primer semestre no se logró cumplir la meta establecida en el Presupuesto 2018”.

“Simultáneamente, la actividad económica en general del país fue afectada, incidiendo principalmente en el comercio, servicios, turismo y hotelería, construcción y transportes, elevando de esta manera los índices de inseguridad ciudadana y un estancamiento de la vida social y económica”, reza el texto de exposición de motivos de la iniciativa de reformas al presupuesto.

El Gobierno recuerda que ya bajó sus proyecciones de crecimiento económico del país para este año, de 4.9% a 1%. Además, que se espera una inflación de 6.8%.

Menos inversión social

La reforma establece una disminución en el presupuesto de gastos del Gobierno de US$5,912.5 millones y señala que “se reducen las asignaciones presupuestarias en la mayoría de las instituciones y en otras por baja ejecución y/o sobre programación”.

El presupuesto original, aprobado a principios del año, establecía un presupuesto de egresos de 87,125.7 millones.

El economista Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), afirma que se trata de una reforma presupuestaria bastante grande, sobre todo por el lado del gasto social.

Chamorro considera que cuando los gobiernos se ven en dificultades financieras, lo natural es que reduzcan los gastos de capital, o sea los gastos en inversiones que harían en el sector público.

Según el Gobierno, hasta marzo pasado la Dirección General de Ingresos (DGI) había registrado un sobrecumplimiento de 102% en la recaudación mensual. Archivo\END

El Gobierno está proponiendo recortes de C$1,395.5 millones en Educación; C$941.9 millones, en Salud; C$749 millones en transferencias municipales; y C$409 millones al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

El director ejecutivo de Funides señaló que tampoco descartaría una reducción en el gasto corriente “que afecte la nómina (salarios y beneficios de los trabajadores) del Estado”.

Chamorro señaló que en las reformas se prevé una caída en las donaciones de, por lo menos, C$630 millones, así como en los préstamos de los organismos multilaterales (BID, Banco Mundial y BCIE) de C$4,035 millones.

Un ejemplo de esto es el ajuste en la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, en la que se refleja que “la reducción neta es por C$147.2 millones, con fuentes de donación externa, producto de una disminución de C$150 millones para el proyecto Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable en la ciudad de Bilwi, con fuente de donación (BID)”.

El Gobierno argumenta que “la ejecución de dicha obra se ha visto afectada por problemas de logística, técnicos y financieros del contratista y a su vez por las constantes lluvias que no se ha permitido terminar el zanjeo en el sitio del proyecto”.

Otro ejemplo, en el área de la salud, es la “disminución en el proyecto Reemplazo y equipamiento del hospital Óscar Danilo Rosales Argüello en León por C$224 millones (préstamo externo BID), por atrasos en el lanzamiento del proceso de licitación”.

El Gobierno señaló en esa iniciativa que la reducción en las transferencias municipales se debe a la reducción de los ingresos tributarios y que se aplica solo a las transferencias de capital para proteger el empleo.

Con esas reformas, el Gobierno se enfrentará a un déficit presupuestario de C$7,902.2 millones, C$1,549.8 millones más del déficit proyectado en el presupuesto original.

Compromiso de pagos

La reforma presupuestaria propuesta por el Gobierno también establece la reducción de C$520.5 millones en "el servicio de amortización de la deuda externa" y de C$4,917.6 millones en la deuda interna, “que corresponde principalmente al INSS”.

“Yo creo que en la parte de amortizaciones de deudas se amerita una explicación más clara de qué es lo que significa”, opinó Juan Sebastián Chamorro.

El Gobierno también propuso, con carácter de urgencia, la Ley de Creación de los Bonos de Estabilidad Financiera y el Comité de Estabilidad Financiera, para que el Ministerio de Hacienda pueda buscar fondos externos e internos.

Según Chamorro, esa ley de emisión de bonos procurará buscar financiamiento en los mercados internacionales para subsanar la brecha en el presupuesto.

El Gobierno se propone aumentar el financiamiento interno por el orden de los C$6,215.9 millones, principalmente a través de colocaciones de bonos de la República y letras de tesorería por un monto de C$9,035.6 millones.

La Ley de Creación de los Bonos de Estabilidad Financiera y el Comité de Estabilidad Financiera manda a crear el Comité de Estabilidad Financiera (CEF) y bonos de estabilidad financiera “estandarizados, desmaterializados y denominados en dólares de los Estados Unidos, pero pagados en córdobas al tipo de cambio oficial, a plazos de hasta 25 años”.

Establece que los bonos serán emitidos por el MHCP a “solicitud motivada” del CEF.