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De los fondos recortados del plan de inversión pública (PIP) en la reforma de la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2018, aprobada en lo general este martes por la Asamblea Nacional, el 50.76% corresponde a préstamos externos.

Los préstamos que serían utilizados para ejecutar proyectos del PIP ascienden a C$2,040 millones, aportados por seis entidades, cuatro multilaterales y dos bilaterales.

Los préstamos del BCIE y el BID son los de mayor recorte dentro del PIP. El del primer organismo asciende a C$959.51 millones, y el del BID totaliza C$622.19 millones. Los préstamos del Banco Mundial se redujeron en C$266.21 millones.

Durante el debate, la diputada liberal Azucena Castillo dijo que el Gobierno vive “una incertidumbre”, porque en algunos casos hay retención de desembolsos por la situación sociopolítica del país.

“El BCIE lo ha manifestado, pudiera ser que lo haga el BID”, comentó Castillo, quien es miembro de la Comisión Económica del Parlamento.

Protegen empleo estatal

“La decisión de no reducir el gasto corriente en la reforma presupuestaria tiene un único objetivo: la defensa del empleo y del ingreso de las y los nicaragüenses”, afirmó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, durante el debate que concluyó con la modificación presupuestaria respaldada con 72 votos.

“Muchos nicaragüenses no tienen la culpa, ni por qué pagar los platos rotos”, dijo Wálmaro refiriéndose a la crisis económica del país que se desató con las protestas antigubernamentales, que esta semana cumplen cuatro meses.

El diputado sandinista José Figueroa, de la Comisión de Producción y Economía, secundo a Gutiérrez afirmando que la reforma busca mantener los empleos en el sector público.

“Se preserva el empleo de los trabajadores públicos, de instituciones del Estado, de los gobiernos locales. Son 139,000 trabajadores que existen (en el sector público) que no van a ir a la calle, también se mantiene la parte sustantiva de los servicios básicos de salud y educación, además de los recursos para mantener los subsidios”, dijo Figueroa.

Azucena Castillo refutó que si bien se mantiene el trabajo para los servidores públicos, se frena el crecimiento y la productividad del país porque afecta a proyectos vinculados a infraestructura que al final son los sectores más generadores de empleo.

El Poder Legislativo aprobó la reforma presupuestaria, que redujo en C$4,000 millones los fondos destinados para la inversión pública.

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Posible subejecución

El recorte en la fuente de préstamos impedirá al Ministerio de Educación emprender 27 proyectos que suman una inversión de C$218.7 millones.

Al Ministerio de Salud le recortaron 30 proyectos de inversión pública, de esos la mitad (15) se financiarían con C$659.3 millones correspondiente a préstamos.

Según la diputada Castillo, existen dos posibles razones para que el Gobierno haya tomado esa decisión; una podría ser una subejecución de los proyectos y la otra es la reducción de la cooperación o desembolsos de fondos.

“Están quitando el dinero a proyectos que no se van a poder ejecutar por su falta de capacidad técnica de ejecución, pero también muchos de ellos podrían ser de las suspensiones que han hecho los financiadores; ellos explicaban que muchos de esos proyectos se queden para 2019”, dijo Castillo.

En materia de energía, los préstamos iban a permitir la ejecución de siete proyectos por un valor de C$183.5 millones. Igualmente, la construcción de viviendas para familias de ingresos moderados por un valor de C$30 millones, se vio afectada debido al recorte. Este proyecto sería financiado por un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El recorte presupuestario afectó la construcción de tres vías de acceso en el norte del país, dos en Nueva Segovia y una en Matagalpa, que constituían una inversión de C$393.6 millones, a realizarse con préstamos del BCIE.

Donaciones 

Catorce proyectos de inversión pública recortados del PIP utilizarían como fuente de financiamiento las donaciones externas. Este recorte representa C$269.3 millones. De ese monto, C$41.2 millones los ejecutaría la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) en un proyecto.

Dos proyectos del sector salud que serían financiados con donaciones, fueron recortados. El valor ascendía a C$33.6 millones.

Las donaciones afectadas por el recorte provenían de Japón, España, Holanda y Canadá con C$4.5 millones, C$6.8 millones, C$23.2 millones y C$41.2 millones, respectivamente.

Los fondos de organismos multilaterales también mostraron recortes; el BCIE por un valor de C$10.4 millones; BID, C$164.6 millones; y Banco Mundial, C$18.7 millones.