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Nuevos billetes que restan cinco ceros al bolívar entraron en vigencia este lunes en Venezuela, primera medida de un cuestionado plan de reformas del presidente Nicolás Maduro ante una devastadora crisis que forzó a millones a abandonar el país.

Caracas amaneció paralizada, en un día declarado feriado por Maduro para la adecuación de las plataformas bancarias.

La mayoría de los comercios permanecen cerrados. Sin embargo, después de haber estado suspendidas por más de 12 horas, las transacciones electrónicas se han reanudado paulatinamente en los pocos establecimientos abiertos: farmacias, panaderías y pequeños puestos de comida.

Los cajeros automáticos, a la vez, comienzan a dispensar los nacientes billetes.

“Todos estamos en lo mismo. Esperando a ver qué va a suceder”, dijo a la AFP María Sánchez, comerciante de 39 años, tras hacer un retiro.

En los días previos, en medio de incertidumbre, hubo en Caracas y otras ciudades compras nerviosas hasta donde aguantó el bolsillo -golpeado por una hiperinflación proyectada en 1,000,000% para 2018 por el FMI- y largas filas en gasolineras ante un anunciado aumento de los precios.

Maduro sostiene que los nuevos billetes serán el punto de partida para un “gran cambio”. La mayor denominación es de 500 bolívares (unos siete dólares en el mercado negro de divisas).

Sin embargo, especialistas consideran inviable el programa, que incluye un aumento del salario mínimo de más de 3,400% desde el 1 de septiembre, un nuevo sistema cambiario que empezaría con una macrodevaluación y alzas del combustible y los impuestos.

Maduro anunció que el Gobierno asumirá por 90 días el diferencial del aumento salarial en pequeñas y medianas empresas.

“Es una cosa de locos”, comentó a la AFP Henkel García, director de la consultora Econométrica, al considerar que el reajuste de sueldos implicará un abrupto aumento de la masa monetaria, raíz de la hiperinflación.

Con una industria petrolera en picada y sin financiamiento internacional, el acceso a recursos frescos es complicado.

La producción de crudo -fuente de 96% de los ingresos- se derrumbó de 3.2 millones de barriles diarios en 2008 a 1.4 millones en julio pasado y el déficit fiscal roza 20% del PIB.

El país y su petrolera PDVSA están en default parcial desde 2017 por impagos de una deuda externa de 150,000 millones de dólares, mientras Estados Unidos arreció sus sanciones financieras.

“Si mantienes el déficit y la emisión desordenada de dinero (para cubrirlo), la crisis seguirá agravándose”, apuntó el economista Jean Paul Leidenz a la AFP.

La nueva emisión llega apenas 20 meses después de que el Gobierno lanzara billetes de alta denominación, diluidos por la inflación y una acelerada devaluación.

Es la segunda reconversión monetaria en una década, después de que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) eliminara en 2008 tres ceros a la moneda y surgiera el ‘bolívar fuerte’, que ahora da paso al ‘bolívar soberano’.

Crisis regional 

La puesta en marcha del programa de Maduro coincide con tensiones por el masivo éxodo de venezolanos. Naciones Unidas estima que 2.3 millones de personas han migrado para huir de la crisis.

Brasil enviará tropas a su frontera después de que residentes de la ciudad limítrofe de Pacaraima quemaran el sábado campamentos de migrantes venezolanos, que han llegado en masa en el último año. Venezuela exigió “protección” a sus ciudadanos.

Las nuevas medidas “solo empeorarán la vida de todos los venezolanos”, escribió este lunes en Twitter el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que pidió al gobierno chavista, al que tilda de “tiranía”, permitir ayuda internacional.

Ecuador comenzó el sábado a bloquear el paso de venezolanos en sus fronteras -exigiéndoles pasaporte en lugar de cédula de identidad- y Perú adoptó una medida similar, por lo que Colombia teme que miles queden varados en su territorio.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió “mantener las puertas abiertas al pueblo de Venezuela, víctima de la peor crisis humanitaria que el continente ha visto”.

Protestas 

En rechazo al plan económico, tres de los principales partidos opositores llamaron a una huelga de 24 horas el martes.

“Es un primer paso”, dijo Andrés Velásquez, de Causa R, al asegurar que el objetivo es comenzar a unificar “la protesta social”.

Manifestaciones por derechos laborales, falta de alimentos y medicinas y fallas de servicios como agua y luz se multiplican, pero la oposición está dividida y debilitada. No está claro cómo los convocantes articularán la huelga.

El sector privado, además, solo trabaja al 30% de su capacidad debido al colapso de la economía y el Gobierno ejerce un férreo control sobre empleados públicos.