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Costa Rica cumple hoy tres días de huelga sindical en rechazo a la reforma tributaria que estudia el Congreso, con una jornada marcada por una marcha de miles de trabajadores y los esfuerzos del Gobierno por mantener los servicios públicos en funcionamiento.

Miles de personas marcharon por las principales avenidas de la capital de Costa Rica para exigir al Gobierno de Carlos Alvarado el retiro de la polémica reforma tributaria, pues consideran que afectará en mayor medida a las clases medias y bajas.

La marcha transcurrió de manera pacífica, con excepción de un grupo que intentó superar por la fuerza una barrera policial para ingresar a los alrededores del Congreso y que, según los sindicatos, no representa al movimiento.

En el amago de violencia no se reportan personas heridas ni detenidas. El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, dijo a los periodistas que la marcha ha tenido una participación "extraordinaria", y que demuestra que "el pueblo rechaza el combo fiscal".

"Hoy es un movimiento social en desarrollo y hacemos un llamado al diálogo. No hay que negociar ni una coma, el proyecto debe ser retirado por la paz del país, por el diálogo social, porque el ajuste fiscal se está cargando sobre las mayorías, y las mayorías están en contra", afirmó Vargas.

Con pancartas, comparsas y consignas, miles de trabajadores caminaron por el centro de San José hacia el Congreso para exigir que la reforma tributaria sea retirada de la discusión y se abra una mesa de diálogo.

"Alternativas existen. Los sindicatos presentamos hace un tiempo un conjunto de propuestas, pero el presidente no tuvo ni la elegancia de darlas por recibidas", afirmó Vargas.

El Gobierno aún no se ha pronunciado hasta el momento sobre el tercer día de huelga, y los diputados tienen previsto llevar a cabo la sesión del día de hoy con normalidad.

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. Archivo/ END

El Ejecutivo sí confirmó la detención la noche del martes de un empleado de la Refinadora Costarricense de Petróleo como sospechoso de sabotear las instalaciones de la entidad en la provincia de Limón (Caribe) para evitar el servicio de suministro de gas.

En Limón se produjeron disturbios anoche y la madrugada de este miércoles, algunos ligados a grupos en huelga y otros a vándalos que se aprovecharon de la coyuntura para saquear un supermercado y enfrentar a la policía.

En los primeros dos días de huelga el Gobierno calificó el movimiento como "improcedente" e "ilegal", y aseguró que tuvo poco impacto en los servicios públicos con excepción de los sectores de educación y salud, en los que la afectación sí fue mayor.

El Gobierno ha puesto como condición para el diálogo que los gremios depongan la huelga, mientras los sindicatos exigen el retiro del proyecto de ley de reforma fiscal para acudir a una mesa de diálogo.

Diversas instituciones del Gobierno han solicitado a los tribunales de trabajo que declaren ilegal el movimiento.

Costa Rica comenzó a acumular un déficit fiscal creciente desde el 2009 durante el Gobierno de Óscar Arias (2006-2010), y las dos siguientes administraciones de Laura Chinchilla (2010-2014) y de Luis Guillermo Solís (2014-2018) intentaron, sin éxito, aprobar reformas tributarias.

La propuesta actual, llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.

Manifestantes participan en el tercer día de huelga en Costa Rica. EFE/ END

La iniciativa tiene un IVA diferenciado para los servicios de salud privados y los productos de la canasta básica del 4 y el 1 por ciento, respectivamente.

Según la versión del Gobierno, el 60 por ciento del dinero que se piensa recaudar con la reforma saldrá del 10 por ciento de la población con mayores ingresos.

El proyecto también incluye la renta global y modificaciones al impuesto sobre la renta y la renta de capital, así como iniciativas para contener gastos, principalmente pluses salariales en el sector público.

El sector empresarial ha criticado a los sindicatos por salir a las calles a defender "privilegios" salariales.

El Gobierno ha dicho que el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del PIB en 2018 y la deuda que superará el 50 por ciento del PIB, son las dos grandes amenazas para causar una crisis económica.