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A los 86,439 empleos formales que se perdieron entre abril y junio de este año se habrían sumado 29,539 perdidos entre julio y agosto pasados, según datos oficiales.

En cambio, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) afirman que en Nicaragua se han perdido alrededor de 347,000 plazas de trabajo desde que estalló la crisis el 18 de abril.

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Las cifras oficiales indican que han dejado de cotizar en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) unos 115,978 trabajadores.

Más de 115 mil empleos se perdieron entre abril y agosto de 2018.

Aunque en los dos últimos meses no han sido actualizadas las cifras del empleo formal en el sitio web del Banco Central de Nicaragua (BCN), los datos oficiales más reciente sobre el empleo aparecen en la exposición de motivos del Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República 2019 (PGR), divulgado este lunes.

Los datos del mercado laboral, registrados hasta junio en el BCN, indican que en ese mes había 810,430 trabajadores afiliados en el INSS. El mes en que más se perdieron empleos formales fue junio, cuando 42,966 trabajadores dejaron de ser asegurados, indica ese informe.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto PGR, los ingresos por cotizaciones del INSS sufrieron una reducción de US$62.4 millones, respecto a lo que se había estimado entre abril y diciembre de este año.

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Además, “al menos 185,724 trabajadores por cuenta propia que prestan servicios o venden diversos productos de consumo fueron afectados en sus ingresos familiares”.

Cae desde diciembre

En noviembre de 2017, se alcanzó el pico más alto de formalización del empleo: 921,328 trabajadores estaban afiliados al seguro social, según las estadísticas del Mercado Laboral del BCN.

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En diciembre del año pasado, los empleos formales comenzaron a reducirse, aunque no tan dramáticamente. Desde entonces, a agosto pasado, ya se habrían perdido más de 140,000 empleos formales.

Más de 115 mil empleos se perdieron entre abril y agosto de 2018.

El Gobierno impuso las reformas del INSS en abril, sin consenso con el sector empresarial, que causaron las protestas ciudadanas, y fue el inicio de la actual crisis política y social que vive el país.