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Ni la nueva Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ni su reglamento eran necesarios, porque Nicaragua ya cumplía las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sostiene el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.

Aguerri sostiene que así lo demuestra un informe del GAFI de octubre de 2017, mientras que la ley se aprobó en julio de este año, en medio de la crisis política y social del país.

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El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Aguerri, desmintió ayer que esa ley, junto con la Ley contra Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas, hayan sido aprobadas en consenso con el sector privado.

Aguerri sostuvo que Cosep, AmCham y Funides interpondrán un recurso de inconstitucionalidad por el reglamento de la Ley de la UAF, publicado en La Gaceta, del pasado 3 de octubre.

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Denis Membreño, afirmó en entrevista con el canal 4 que la ley de la UAF y la Ley contra Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas se hicieron con estándares del Gafilat. ¿Por qué el Cosep, AmCham y Funides consideran interponer un recurso de inconstitucionalidad al reglamento de la ley de la UAF?

En relación con el recurso, hay que diferenciar que ya hay varios recursos que se introdujeron en contra de la ley. Lo que nosotros, como sector privado organizado, en conjunto con el Cosep, AmCham y Funides, hemos dicho que vamos a introducir es un recurso en contra del reglamento.

Además, nos llama la atención el hecho de que se quiera tratar de politizar un tema que no nació este año, sino que fue en el 2012. Nosotros en el año 2012 introdujimos, como sector privado, una solicitud de veto parcial a lo que fue la constitución de la ley. Queremos ser claros que como sector privado efectivamente reiteramos la importancia de atender las recomendaciones del GAFI, para cumplir con los estándares internacionales.

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Pero la discusión no es en cuanto a si se tiene que crear una unidad o en cuanto a si se tiene que cumplir con las recomendaciones del GAFI, la discusión no es si somos partes de los estándares internacionales, porque en eso estamos 100% claros que el país necesita cumplir con esos estándares internacionales y combatir efectivamente los delitos relacionados con el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a lo que es la proliferación de armas.

José Adán Aguerri, presidente el COSEP

La discusión está en que hay que ser claros que la misma recomendación del GAFI establece que estas unidades (como la UAF) deben ser capaces de obtener y utilizar los recursos necesarios para desempeñar sus funciones, de manera individual o habitual, libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial indebida, que pueda comprometer su independencia operativa. Este es un elemento clave.

Desde ese punto de vista, nosotros introducimos la solicitud de veto parcial, la cual no fue contestada positivamente por el Ejecutivo. Luego, presentamos un recurso contra la ley que nunca fue respondido. Sin embargo, con la eliminación de esa ley, ese recurso obviamente caducó.

Ahora, lo que es importante entender, para aclarar la manipulación de la información por medio del Gobierno, es que hay un informe que se dio en octubre del año 2017, que se llama Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua, por el Gafilat, en el que queda claramente establecido que la “recomendación 29” se califica como “cumplida”. Es decir, que no había necesidad, con base en esa recomendación, de cambiar la ley.

Cuando uno va a la justificación que presenta la UAF para señalar que era necesario tener una nueva ley, la 976, que elimina la anterior ley de la UAF, ellos argumentaron que esto es conforme a la “recomendación 29” del GAFI. Esa recomendación (29) fue la que usó la UAF para justificar la creación de una nueva ley, que es la que para nosotros viola el Artículo 26 de la Constitución, y que de alguna manera responde a la preocupación que tenemos de perder la independencia a la que se refiere el GAFI, de que esas unidades no tienen que tener ningún tipo de interferencia política, ni gubernamental.

El mismo informe de octubre de 2017 dice que la “recomendación 30” del GAFI, sobre responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas, se califica como “cumplida”. Y sobre la 31, acerca de las facultades de las autoridades del orden público, investigativas, el informe dijo que se califica como “mayoritariamente cumplida”.

Es decir, en octubre de 2017 ya había quedado plenamente establecido que Nicaragua había cumplido esas recomendaciones, la 29, específicamente, que es la que argumenta la UAF y la 30. Desde ese punto de vista, lo que señalamos es que es un tema que nació en el 2012.

El director de la UAF deja entrever en esa entrevista que la ley se aprobó en consenso con el Cosep y que hubo hasta felicitaciones del sector privado al Gobierno por el papel de la UAF para que Nicaragua no entrara a la lista negra del GAFI.

Previo a la crisis de abril, el Sistema Financiero Nacional, el Cosep y el Gobierno tuvimos un encuentro en el que nos opusimos claramente a las dos propuestas de ley que se presentaron en esa reunión, que incluía esta nueva ley de la UAF. Contrario a lo que aquí se ha manifestado, la posición misma de los bancos ha sido una posición en la que se dejó claro que había una serie de extralimitaciones en esas propuestas de ley, que no se compartían, desde lo que significa el rechazo a la tipificación del delito de terrorismo, lo que significa cómo se define una persona políticamente expuesta, que son conceptos que incorporan estas leyes y que la posición del sector privado financiero fue de rechazo.

Reitero que como sector privado, como sector financiero, es importante cumplir con las recomendaciones del GAFI, pero lo que no podemos ver es que esto no sea politizado, ni usado, con ese tipo de influencia indebida, ni que por supuesto se irrespeten los derechos que tenemos los ciudadanos, ni las empresas, en cuanto a lo que es nuestra información, ni los procesos establecidos.

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Por supuesto que nosotros no podemos dejar de reconocer que efectivamente salir de la lista negra y pasar a la lista gris es un paso positivo. Pero eso no significa que estemos de acuerdo con lo que se planteó desde el primer momento, en relación con los temas de requerimientos de información, sobre los sujetos obligados. En eso no cambió en ningún momento nuestra posición. Mucho menos, creerse la historia de que alguien del sector privado fue a pedir disculpas, sino más bien que todo lo contrario. 

José Adán Aguerri, presidente el COSEP

Por eso reitero que en la última reunión que se dio entre el Sistema Financiero, el Cosep y el grupo que trabajó estas dos leyes, la posición desafortunada que hubo de parte del Gobierno en ese momento fue decirle “no” al consenso. Esa fue la situación previa a lo que posteriormente también fue la falta de consenso en el tema del seguro social.

Nunca hemos tenido un encuentro personal con el señor Membreño. Que ellos estén trabajando en crear una narrativa que trate de vender realidades distintas a las que aquí estamos mostrando, con documentos del Gafilat queda en evidencia quién está diciendo lo que es y quién no está diciendo las cosas como son.

¿Ustedes, como sector privado, tuvieron el tiempo de estudiar y analizar esas propuestas que recibieron de esas leyes, antes de que se aprobaran?

No. A nosotros nos invitaron a una reunión en esas fechas y todo esto sucedió justo unas semanas antes de que estallara la crisis de abril. Entonces, esto no fue en ningún momento consensuado con nosotros. De hecho nos opusimos en esa reunión a ambos proyectos de ley. Ya cuando los dos nuevos proyectos se retomaron en media crisis (nosotros no teníamos ningún contacto desde abril con el Gobierno) no tuvimos la posibilidad, ni ningún consenso en relación con estos dos proyectos de ley. Sería importante reflejar que ni los bancos han tenido ningún consenso con esas leyes que han sido aprobadas.

Lo que para nosotros es relevante es que en vez de estar tratando de justificar lo que es injustificable, busquemos cómo realmente revertir eso. Si lo que queremos es hablar de seguridad jurídica, hablar de respeto a la constitución y el respeto que nos da la constitución, pues obviamente no es el camino tratar de imponer este tipo de legislación, que vulnera esa realidad.

Además, repito, como dice el GAFI, no podés tener un tipo de unidad que esté sujeta a ser políticamente manipulada, y estamos en un país donde estamos enfrentando una coyuntura muy particular, y es poco oportuno mantener este tipo de ley y de reglamento en vigencia.

¿En qué sentido es que ustedes concluyen que la UAF se extralimita en sus funciones con esta ley?

Ellos lo que tienen que hacer son unidades que hacen una revisión analític, en relación con los reportes de operaciones sospechosas.

Es importante entender que son operaciones por encima de los US$10,000, que se ejecutan en el sistema y que de alguna manera, los bancos primero tienen la oportunidad de hacer la revisión interna, y si ese proceso de revisión interna no justifica esa operación, los bancos están obligados a trasladar la notificación a la Unidad de Análisis Financiero. Ahí es donde nace el proceso de un reporte de lo que se llama operación sospechosa.

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Ahí es donde la UAF tiene un reporte, y sobre ese reporte actúa, pero para eso existe un proceso de ley.

José Adán Aguerri, presidente el COSEP

Según lo que establece el GAFI, este tipo de unidades tiene dos objetivos: recepción y análisis de los reportes de transacciones sospechosas y otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento al terrorismo y para la comunicación de los resultados de ese análisis.

Antes de que se aprobara esta nueva ley y este nuevo reglamento, si el sistema tenía una sospecha, el mecanismo era a través de las autoridades correspondientes, recurrir al establecimiento que nos dan las propias leyes del país para solicitar que un juez autorizara para que tu información fuera entregada.

Lo que hicieron ahora es que sin que exista ninguna razón, el que esté en la UAF tomando la decisión de hacer estos listados puede presumir que cualquier persona sin necesidad de que exista una causa, un proceso o algo parecido, mande a pedir la información de una persona.

La preocupación nuestra está en el hecho de que ahora se puede presumir que alguien es culpable o que alguien está cometiendo un delito, y solo con la presunción van a requerir toda tu información. 

Hay otra serie de elementos que el sistema financiero dio a conocer a las autoridades, como el rechazo a la facultad del sistema nacional de seguridad ciudadana para identificar e incluir en estas listas nacionales a personas relacionadas con estos delitos y que sean sujetas a inmovilización de fondos. De acuerdo con el sistema bancario, este tipo de listado, este tipo de asignaciones se debe hacer únicamente con base en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí hay una extralimitación.

Hay un rechazo, por ejemplo, a que se establezca la obligación a los sujetos obligados de informar a la UAF sin poder alegar sigilo bancario, o sigilo alguno, lo que contradice el principio de basar la regulación en un enfoque de riesgo. Estamos hablando otra vez de que lo que debe originar solicitar la información de alguien es el riesgo. Si no existe el riesgo, vos tenés el derecho de no perder tu privacidad. Eso se dejó claro por parte del sistema financiero.

Cuando se estudiaron estas leyes y se hicieron los comentarios, en aquel momento previo a la aprobación, se dijo que se le daba la facultad a que cualquier persona, por ejemplo un funcionario de Aduana, te pudiera quitar dinero, joyas, cualquier cosa, simplemente porque hubiera una presunción.