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La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) señaló que junto a la reforma fiscal que se tramita en el país, el Gobierno debe recortar gastos e impulsar una reactivación económica.

“Si queremos un mayor aumento de los ingresos fiscales, debemos plantear acciones fuertes, que provoquen la reactivación económica”, afirmó hoy en un comunicado el presidente de la AmCham, Elías Soley.

El empresario aseguró que “la actividad económica y la confianza de los empresarios y consumidores ha disminuido y esto está produciendo un efecto negativo en la recaudación fiscal”.

El pasado 5 de octubre el Congreso aprobó en primer debate una reforma tributaria que busca estabilizar las finanzas, un proyecto que se encuentra en estudio de la Sala Constitucional, de cuya resolución, prevista para noviembre, dependerá que los diputados puedan efectuar la segunda votación.

La reforma generaría ingresos nuevos por 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) y si se le suman las medidas de recortes y contención del gasto que incluye, el impacto sería cercano al 3,7 % del PIB en el año 2022, según cálculos del Banco Central.

La reforma busca paliar el déficit que en 2017 fue del 6,2 % del PIB y que para 2018 se ha calculado en el 7,1 %, mientras la deuda pasará del 49 % del PIB al 53 % entre esos años.

El economista Juan Carlos Hidalgo dijo en el comunicado de AmCham que es urgente una reactivación económica y recortes importantes en el gasto (como cierre de instituciones), porque considera que la reforma tributaria tendrá un efecto recesivo sobre la economía del país.

Reforma es prioridad

La reforma fiscal es considerada como una prioridad por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado, que afirma que el 20 % de la población con mayores ingresos cargará con el 80 % de la recaudación fresca que generará el proyecto.

La reforma fiscal convierte el impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, pero gravará los servicios y de manera diferenciada algunos productos como los de la canasta básica con el 1 %.

La iniciativa también incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir o contener el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales y una regla fiscal.

Los sindicatos han mostrado su rechazo a la reforma porque consideran que es regresiva y que afectará en mayor medida a las clases medias y bajas del país.