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¿Quién pagará los daños y pérdidas causadas en propiedades usurpadas por tomatierras? Es la pregunta que se hacen dueños de terrenos invadidos. La familia Herrera Molina, de Estelí, tenía dos galerones para secar tabaco, de un valor aproximado de US$75,000 y los destruyeron quienes invadieron la propiedad de 36 manzanas.

Ulises Herrera, uno de los propietarios, confirmó que la propiedad ya fue recuperada, pero de los galerones no quedó nada. “Fueron totalmente destruidos”, afirmó.

Relató que desde que los tomatierras entraron a la propiedad, comenzaron a botar los galerones y a llevarse el material. Los propietarios no pudieron hacer nada, porque “eran muchos” y estaban “muy violentos”.

Entre el 10 y el 11 de junio, en plena crisis sociopolítica de Nicaragua, la propiedad de la familia Herrera Molina fue invadida por simpatizantes del Gobierno y después de dos meses y medio, entre el 23 y el 27 de agosto, los tomatierras fueron desalojados por las mismas autoridades, pero ahora nadie responde por los daños ocasionados en la propiedad.

Los usurpadores también “hicieron miles de metros lineales de zanjeo dentro del terreno, para meter tubería de agua potable, dañaron el sistema eléctrico que teníamos y dañaron los portones metálicos”, aseguró Herrera.

Los propietarios de la finca han tenido que hacer nuevas inversiones para reparar algunos daños. “Ha sido una limpieza general en la propiedad, el soterrado de las zanjas que dejaron, el sellado de hoyos que hicieron para poner letrinas, entre otros daños, porque había aproximadamente 4,000 personas en nuestra propiedad”, explicó Herrera.

Tierras aún tomadas

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) informó este martes que siguen invadidas 7,112 manzanas de tierra en ocho departamentos del país, de un total de 9,800 manzanas que fueron ocupadas ilegalmente en medio de la crisis sociopolítica que inició en abril.

Upanic estima que las pérdidas en las propiedades tomadas en el país ascienden a US$17.1 millones, según las denuncias de sus propietarios. Además, considera que en concepto de “lucro cesante en el sector agrícola” hay pérdidas por el orden de US$7.4 millones, por el perjuicio sufrido al dejar de obtener las ganancias normales.

Ulises Herrera dice estar claro de que en las condiciones actuales, no vale la pena hacer gestiones para que se le retribuyan los costos por los daños causados en su propiedad, porque sabe que los tomatierras estaban “bien organizados”.

“En la propiedad había una junta directiva de los precaristas, había mafias de personas con mayor capacidad de dinero y que hacían contrataciones de tomatierras, a los que les pagaban por cuidar la propiedad. También se dio otro proceso delincuencial durante todo ese tiempo, que era la compra y reventa de los terrenos”, contó Herrera.

Ley obliga a pagar

El abogado Mario Delgado dijo que el Código Procesal Civil de Nicaragua establece que “quien construye, siembre, edifique o plante en heredad ajena, sin autorización del dueño, deberá quitar lo sembrado, plantado, edificado o construido a sus costos, y deberá pagar los daños y perjuicios que con ello haya causado al propietario”.

Explicó que “desde ahí el Código Civil establece que las personas son responsables por los daños que causan en propiedades ajenas, con cualquier tipo de actividad que se realicen sin autorización del dueño”.

Después del desalojo, los terrenos lucen dañados y nadie responde por ello.

Delgado afirma que, desde el punto de vista penal, en el caso de las tomas de tierras se podrían señalar varios delitos, como usurpación de propiedad privada, daños a la propiedad, estafa y hasta estafa agravada, entre otros.

Intimidación 

A finales de junio, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) denunció que grupos armados trataban de intimidar al sector privado a través de la toma e invasión de tierras.

“Estos grupos siguen actuando en completa impunidad, y ahora también se evidencia que son utilizados para intimidar y reprimir de forma directa al sector privado, al dirigir y organizar toma e invasiones de tierras al margen de la Constitución y las leyes, violentando y usurpando el derecho a la propiedad privada con la complacencia de las autoridades del Gobierno y policiales del país, lo cual nos lleva a observar con suma preocupación formas de confiscaciones de hecho en nuestro país”, denunció el Cosep en un comunicado en esa fecha.

El problema se extendió. En el primer informe de Upanic había 10 denuncias de propiedades invadidas, hoy son más de 60.