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Aunque el sector privado nicaragüense insistió en la inconveniencia de crear la Empresa Nicaragüense de Exportaciones e Importaciones (Enimex), advirtiendo que promueve la competencia desleal, la Asamblea Nacional aprobó este martes la ley de su creación, con 73 votos a favor y 15 en contra.

El artículo dos de la ley, tras ser modificado respecto a la propuesta original, señala que “la empresa Enimex tendrá por objeto realizar transacciones de bienes y mercancías, productos y servicios en general, actuando inclusive como agente comprador y vendedor del Estado, todo con el fin de contribuir al logro de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria, desarrollo productivo agropecuario y fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, para continuar con la reducción de las desigualdades y la pobreza”.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dijo el pasado 24 de octubre que la Ley Creadora de Enimex no debía ser aprobada.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dijo el pasado 24 de octubre que la Ley Creadora de Enimex no debía ser aprobada, argumentando que la Constitución Política de Nicaragua establece que el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a particulares, especialmente a la empresa privada.

Contradicciones

La diputada Azucena Castillo dijo este martes que el espíritu de la ley es crear una gran empresa “para centralizar las producción, comercialización, almacenamiento y en fin todas las actividades económicas que involucran cada paso, desde la producción hasta la exportación”.

Sin embargo, Castillo criticó que la ley se contradice porque promete apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), pero estas desde hace años lo que necesitan son programas y políticas de apoyo e instituciones que las atiendan, un papel que ha venido desempeñando el sector privado “formal” a través de las cadenas de valor.

“Las pymes han tenido una gran oportunidad y han logrado sobresalir, porque de los productos tradicionales que vende el país, ahora hay una gran variedad con valor agregado que está en manos de las pymes; por ejemplo, la mayoría de los lácteos; y ¿por qué están trabajando así? Porque están insertadas en las cadenas de valor que se han venido trabajando desde el sector privado formal”, explicó Castillo, quien fue gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dijo el pasado 24 de octubre que la Ley Creadora de Enimex no debía ser aprobada.

Castillo enfatizó que para apoyar a las pymes no se necesita crear una ley “que venga a acaparar todo y que causa un gran ruido en las empresas formales, que son las que pagan impuestos en este país”.

La diputada liberal agregó que el Gobierno no necesitaba crear esa empresa que se entrometa en funciones de otras instituciones establecidas en el país. “Por ejemplo, para promover (las inversiones) está Pro Nicaragua; para luchar contra las imperfecciones del mercado, está Pro Competencia; para apoyar a las pymes, está el Mefcca. Es decir, que ahora el Gobierno está aceptando que esas instituciones no funcionan y ahora está creando otra gran empresa”, explicó.

Castillo comentó que el Gobierno se está equivocando al crear una empresa que entrará a competir con el sector privado en un momento en que la economía del país más bien necesita el fomento a la inversión. 

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dijo el pasado 24 de octubre que la Ley Creadora de Enimex no debía ser aprobada.

“Viene a meter ruido y vamos a ver cómo cualquier persona que estaba tratando de salir adelante, y exportar, se van a desincentivar con esta política gubernamental”, subrayó la legisladora.

Aunque el Gobierno ha querido vender la idea de que Enimex beneficiará a las empresas y que en la formación de la ley participó el sector privado, Castillo aclaró que “el sector privado formal, responsable del 80% de las exportaciones, no participó en las consultas de la ley”.

Finalmente, la legisladora advirtió que con la creación de esa empresa, Nicaragua tendrá un retroceso frente a los esfuerzos que había hecho el sector privado en los últimos años.