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La calificadora internacional Standard and Poors redujo la calificación crediticia soberana de Nicaragua de “B” a “B-“ con perspectiva negativa, debido a las consecuencias económicas que ha generado al crisis que inició el pasado 18 de abril.

“El 9 de noviembre de 2018, S&P Global Ratings redujo sus calificaciones locales y extranjeras a largo plazo. Por lo tanto, estamos reduciendo nuestras calificaciones crediticias soberanas de Nicaragua en moneda local y extranjera a largo plazo a ‘B-’ desde ‘B’”, afirma un comunicado.

La reducción en la calificación otorgada por la firma se debe a la “erosión de la situación fiscal y financiera de Nicaragua”, igual que su “bajo Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, vulnerable balanza de pagos y las rigideces de la política monetaria”.

Asimismo, la entidad expone que sus expectativas comprenden “mayores déficits fiscales, aumento de los riesgos para la estabilidad en el sector bancario, una recesión y el continuo estancamiento político”.

Más de seis meses de crisis han revertido el comportamiento positivo que mostraba la economía en los últimos años, igualmente ha creado mayor incertidumbre sobre las acciones del Gobierno y ha generado una pérdida en la confianza del sector privado, que hasta antes de la crisis operaba bajo un modelo de diálogo público – privado.

“Nuestras calificaciones en Nicaragua están limitadas por sus desafíos institucionales. Los últimos seis meses de conflicto interno y polarización política han impuesto un alto costo a la economía. Eso, en nuestra opinión, crea una mayor incertidumbre sobre las políticas y sobre la capacidad de las autoridades para implementarlas eficazmente”, indica S&P.

La pérdida de confianza del sector empresarial complica aún más la formulación de políticas y perjudica las perspectivas de crecimiento del PIB, en un entorno económico ya difícil, explica la firma extranjera.

La carga de la deuda del gobierno, actualmente moderada, aunque en aumento, sigue respaldando las calificaciones.

Recursos limitados

S&P identifica que el Gobierno de Nicaragua tiene opciones limitadas de financiamiento, debido a la falta de soluciones a la situación sociopolítica y al deterioro de la economía nacional.

Aunque la firma señala que los niveles de deuda pública del país son moderados, estos van en aumento, por lo que es de esperarse que la situación fiscal se comprometa aún más en 2019.

“El continuo callejón sin salida político y el golpe a la economía han contribuido a la reducción de las opciones de financiamiento para el gobierno y una caída en las reservas y depósitos en el sistema bancario. Dado el desafiante telón de fondo, las autoridades tienen espacio limitado para implementar medidas de ajuste, y se espera que los déficits fiscales incrementen”, advierte la calificadora internacional.

La posición fiscal de Nicaragua se debilitará en la medida que el Gobierno enfrente mayores déficits fiscales en 2018 y 2019, debido a la desaceleración económica y la caída de los ingresos fiscales, pronostica la calificadora que también señala que la deuda neta del gobierno general es probable que aumente a 36% del PIB en 2018 y continuaría subiendo en los próximos tres años.

Fuentes externas

La entidad internacional explica que el Gobierno de Nicaragua ha dependido del financiamiento de fuentes multilaterales, que en el primer semestre del año aportaron el 85% del total de cooperación, pero la ejecución de proyectos se ha ralentizado y “vemos una mayor incertidumbre con respecto a la aprobación de futuros préstamos”.

La ralentización podría restringir la aprobación de nuevos préstamos. En las reformas al Presupuesto de la República de 2018, efectuadas en agosto, el gobierno revela un recorte de 18% en las donaciones y 36.9% en los préstamos. Para 2019 supone un decrecimiento de 27% en las donaciones aunque espera un 5.4% más de préstamos.

Un factor externo de riesgo son las sanciones contra Nicaragua desde Estados Unidos, porque a criterio de S&P crearía más incertidumbre en los inversionistas extranjeros.

“El paso potencial de nuevas sanciones contra Nicaragua por parte del Congreso de Estados Unidos crearía más incertidumbre para los inversores extranjeros y podría poner en riesgo futuros compromisos de préstamos de fuentes multilaterales”, advierte.

Para este año y el próximo, el gobierno ha apostado por el endeudamiento interno (a través de emisiones de bonos) para solventar las necesidades de financiamiento, sin embargo, S&P expone que “los bancos comerciales nacionales han mostrado un apetito limitado para financiar el déficit del gobierno central”.

El déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) este año podría incrementarse a 1% del PIB, mientras que en 2017 este equivalía al 0.6% del PIB. Según S&P, el gobierno continuaría cargando con el déficit dada la imposibilidad de ejecutar políticas.

“En nuestra opinión, cualquier plan para reducir los desequilibrios del INSS enfrentará resistencia política, y suponemos que el gobierno continuará absorbiendo las crecientes pérdidas del INSS”, indica el documento.