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El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, de 50 años, enfrenta en Estados Unidos nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro por lavado de dinero.

La Justicia estadounidense acusó al dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, de sobornos y blanqueo de dólares en una trama multimillonaria que involucra a otros dos venezolanos, informó la Fiscalía.

Gorrín, de 50 años, enfrenta nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.

Entre tanto, Alejandro Andrade, de 54 años, que fue tesorero nacional con el presidente Hugo Chávez, y Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50 y expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, precisó la Fiscalía.

El empresario de Globovisión, Raúl Gorrín.

La acusación contra los tres fue presentada el 16 de agosto de 2017, pero había permanecido sellada hasta este martes en el Distrito Sur de Florida.

Gorrín, quien tiene residencia en Miami, es considerado prófugo por la Justicia estadounidense.

La Fiscalía detalla que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el Gobierno venezolano.

Además de transferir dinero a los funcionarios, Gorrín supuestamente compró y pagó gastos de ellos en jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda.

Para ocultar los sobornos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías ficticias. Gorrín presuntamente se asoció con Jiménez para adquirir el Banco Peravia, una institución financiera en República Dominicana, para lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias de la trama.

Andrade, quien también tiene residencia en Florida, admitió en diciembre de 2017 que recibió más de mil millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros conspiradores a cambio de utilizar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el Gobierno de Venezuela.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó una sentencia en dinero, con el decomiso de 1,000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema corrupto, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.

La audiencia en la que se dictará sentencia a Andrade está programada para el próximo martes. Jiménez por su parte admitió en marzo pasado que conspiró con Gorrín y otros para adquirir el Banco Peravia, a través de los cuales ayudó a lavar el soborno y los fondos del plan.

Su sentencia está programada para el jueves de la próxima semana.

EE. UU. incluiría a Venezuela entre patrocinadores del terrorismo

El Gobierno de Donald Trump estudia incluir a Venezuela en la lista de patrocinadores del terrorismo internacional por sus presuntos nexos con organizaciones como Hizbulá o las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según publicó The Washington Post.

Esta lista, integrada por ahora por Irán, Corea del Norte, Siria y Sudán, está reservada a los países que han “apoyado actos de terrorismo internacional en reiteradas ocasiones” y acarrea sanciones severas.

Cuba también formó parte de esta lista -por sus presuntos nexos con las FARC y con la también desaparecida ETA- entre 1982 y 2015, año en el que el Gobierno de Barack Obama la retiró en el marco del proceso de deshielo entre los dos países.

Según The Washington Post, que cita funcionarios bajo condición de anonimato y correos electrónicos internos gubernamentales, el Departamento de Estado, responsable de la lista, ha preguntado ya a otras agencias del Gobierno su opinión sobre la inclusión de Venezuela.

Las fuentes citadas por el rotativo capitalino no revelaron si Trump ha tomado ya la decisión, que entre otras cosas podría implicar un embargo al petróleo venezolano.

Algunos republicanos, como el influyente senador Marco Rubio, han acusado al Gobierno de Nicolás Maduro de tener nexos con el terrorismo internacional y han abogado por la inclusión de Venezuela en la lista.

Sin embargo, las consecuencias que esta decisión tendría para el sector petrolero han hecho que otros republicanos de estados con refinerías como Texas y Luisiana rechacen la medida.

Además, expertos cuestionan los presuntos nexos de Venezuela con organizaciones terroristas internacionales. “Sospecho que esto (la inclusión en la lista) se basará en rumores y fuentes de integridad cuestionable”, afirmó al Post David Smilde, del centro de estudios Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

La designación de Venezuela como país patrocinador del terrorismo podría debilitar la legitimidad internacional de la lista, apuntaron estos expertos consultados por el rotativo.