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Los empresarios y comerciantes de Costa Rica destacaron ayer que el aval de la Sala Constitucional al proyecto de ley de reforma tributaria y lo califican como un mensaje positivo para el mundo que genera confianza.

Para el sector, la decisión de los magistrados es una resolución responsable para evitar una serie de efectos negativos para la economía nacional y la estabilidad financiera de las familias costarricenses.

“Costa Rica debe ordenarse y tenemos que caminar por sendas más seguras en el balance fiscal, donde es urgente formalizar al sector informal que llega al 44% y apostar por un único régimen de pensiones, controlar los pluses salariales”, destacó el presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, Gonzalo Delgado.

El sector empresarial además indicó que se debe trabajar en la urgencia de la contención y control del gasto público.

Por su parte, la Cámara de Comercio Exterior declaró que esta decisión “alimenta de nuevo la confianza en el consumo interno y la economía” del país.

“La resolución de la Sala Constitucional no solo da un respiro a Costa Rica, sino que también es un positivo mensaje que nuestro país envía al mundo, especialmente para generar confianza a las calificadoras de riesgo, en atención al saneamiento de las finanzas públicas”, cita el comunicado de prensa.

La Sala Constitucional de Costa Rica emitió la noche del viernes un pronunciamiento en el que afirma no haber encontrado vicios de inconstitucionalidad en el trámite legislativo y en el fondo de la reforma fiscal que impulsa el Gobierno.

Con esta resolución los diputados podrán votar en segundo debate el plan tributario una vez que reciban el fallo completo de la Sala Constitucional, lo que podría ser la próxima semana. La reforma fiscal convierte el impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, pero que gravará los servicios y algunos productos de manera diferenciada como la canasta básica con un 1% y los servicios privados de salud con 4%.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir o contener el gasto público; por ejemplo, la disminución de pluses salariales y una regla fiscal.

El Gobierno pretende recaudar con la reforma cerca de un 1.2% del producto interno bruto (PIB) y reducir gastos en aproximadamente 2% del PIB, con el fin de paliar el déficit.

En 2018, el déficit fiscal rondará el 7% del PIB y la deuda superará el 50 % del PIB, según las proyecciones oficiales.