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Las pérdidas económicas en Nicaragua, como consecuencia de la crisis sociopolítica que empezó en abril, ascienden a más de US$1,300 millones, afirmó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.

El lider gremial de la cúpula empresarial manifestó este miércoles que la consecuencia de la crisis sociopolítica en la economía de Nicaragua es una enorme incertidumbre y desconfianza, que está provocando una gran reducción en el crecimiento económico que podría ser de -4% en el 2018.

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Aguerri explicó que al sumar esa caída de cuatro puntos porcentuales en el PIB, con los 4.5 puntos que iba a crecer en este año (según proyecciones oficiales), el resultado es un retroceso de casi nueve puntos porcentuales en el crecimiento económico de Nicaragua.

“Esto representa más de US$1,300 millones”, enfatizó Aguerri.

De acuerdo con los análisis que ha hecho el sector empresarial, la crisis ha tenido un impacto devastador en la economía de Nicaragua. Aguerri aseveró que algunos sectores económicos del país perdieron en siete meses lo que les tomó construir en siete años.

Otros, en los siete meses de conflicto perdieron lo que les tomó construir en tres o cuatro años.

“Eso significa que, por cada mes de crisis (sociopolítica) hay un año perdido o medio año perdido, dependiendo del sector”, explicó Aguerri. 

El líder gremial dijo que si el país continúa así, en los próximos meses se verán afectados todos los nicaragüenses, “incluyendo los sandinistas”.

Lo que viene en 2019

Según el presidente del Cosep, se estima que el PIB podría experimentar caídas de 8 a 11 por ciento en 2019, lo que llevaría al país a tener un decrecimiento económico de alrededor del 20% en menos de dos años.

El sector privado demandó este miércoles, una vez más, que se busque con urgencia una solución negociada a la crisis sociopolítica del país para que no siga profundizando el problema económico de la población más necesitada.

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Aguerri adelantó que la crisis sociopolítica ha provocado la pérdida y suspensión de unos 400,000 puestos de trabajo. Muchas empresas cerraron y sus colaboradores quedaron en el desempleo. Otras suspendieron temporalmente algunas plazas laborales.

“Se han hecho esfuerzos enormes en estos meses para que muchas empresas no pierdan colaboradores, para que no se despida más a nadie”, dijo Aguerri.

Los empresarios privados, agregó, son optimistas de recuperar el crecimiento económico del país una vez que se solucione la crisis sociopolítica y se recupere la confianza y la certidumbre.

Más de 400 de los más grandes empresarios del país se reunieron en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) y redactaron una carta en la que llamaron al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a retomar el diálogo y aceptar una solución negociada a la crisis que comenzó en abril.

Efecto de ley

Este martes fue aprobada y enviada al presidente Donald Trump la Ley H.R. 1918 Nicaraguan Investment and Conditionality Act, (NICA Act), que impone sanciones económicas al Gobierno nicaragüense por cometer graves violaciones a los derechos humanos.

Aguerri explicó a los periodistas que los objetivos de la ley, que son condicionar la aprobación de los Estados Unidos a préstamos para el gobierno de Nicaragua de instituciones financieras internacionales, ya se están cumpliendo, porque esos organismos dejaron de aprobar nuevos proyectos desde este año.

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Dijo que los proyectos que se terminarán de ejecutar con fondos de esos organismos son los que ya estaban aprobados desde el año pasado. 

“Una vez que se terminen esos proyectos, no tendremos proyectos hacia el futuro, lo cual obviamente tiene una implicación en el futuro de todos los nicaragüenses. Eso significa que mientras no haya una salida política, vamos a estar sin aprobación de proyectos”, explicó el presidente del Cosep. 

Agregó que de esa manera Nicaragua perderá la continuidad y dinámica que traía en el trabajo con los organismos multilaterales.

“Son proyectos de energía, para hacer carreteras del país, entre otros, que al suspenderse nos afecta a todo. Es un efecto directo e inmediato para todo el país”, vaticinó el representante del sector empresarial.

Cafta Y AdA

El sector privado teme que los problemas de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua afecten los tratados de libre comercio que más beneficio han traído al país, especialmente el DR-Cafta y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA).

Además de la Nica Act, el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto otras sanciones a Nicaragua, por la represión a las protestas ciudadanas.

El pasado 27 de noviembre, el presidente estadounidense Donald Trump emitió un decreto en el cual catalogó al Gobierno de Nicaragua como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

“No descartamos que los dos tratados puedan ser afectados, tanto el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Eso al final lo que va a significar es que perdamos lo que se construyó y que miles de personas, adicionales a las que ya están siendo afectadas, sean afectadas”, indicó Aguerri.

El presidente del Cosep afirmó que “en el caso específico del AdA hay una cláusula democrática, que establece que si se violan los derechos humanos esa cláusula se puede implementar y nos puede dejar fuera del acuerdo”. 

Agregó que el tratado de libre comercio con los Estados Unidos no tiene la misma cláusula, “pero si existe la voluntad del gobierno de ese país, ahora que estableció que somos amenaza para la seguridad nacional, no descartamos que puedan ir también en esa dirección (de sacar a Nicaragua del Cafta)”.