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La propuesta de reforma tributaria que presentó este lunes a la Asamblea Nacional el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, llevará al cierre a muchas empresas en Nicaragua, advirtieron líderes del sector privado.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, afirmó que la iniciativa de ley de reforma tributaria más las nuevas disposiciones sobre el seguro social provocarán la quiebra de empresas en el país.

Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin), indicó: “La salida a la crisis política no se soluciona con una reforma económica… Con esta iniciativa en este preciso momento, en el que las empresa han perdido competitividad con la caída de las ventas, más la desaceleración económica del país, lo que viene es a incentivar el cierre de muchas empresas”.

El empresario dijo que la reforma tributaria más las nuevas medidas del seguro social significan que “aquí ya no solo hablamos de desempleo, sino de cierre de empresas; la población perderá poder adquisitivo de sus ingresos mensuales, es muy grave”.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) comentó que es “un muy mal momento para implementar una medida recaudatoria”, porque esta debería “ayudar a la economía a estar sólida, no a deteriorarla”.

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“Al aumentar los impuestos, suben los precios, la gente consume menos y no incentiva la actividad económica; y si a eso le sumamos la caída del gasto público, tendríamos un doble efecto negativo”, explicó.

Incrementos

La iniciativa de ley de reforma a la Ley de Concertación Tributaria propone un incremento a las tasas de impuestos sobre los ingresos de las grandes y medianas empresas, así como a las bebidas alcohólicas, azucaradas y a los cigarrillos.

“Esta medida persigue incrementar las retenciones mensuales a cuenta del Impuesto sobre la Renta que pagan las empresas más grandes de nuestro país, manteniendo el mismo anticipo de un 1% a la micro y pequeña empresa, y a la gran mayoría de la empresas medianas; incrementando al 2% a las empresas medianas de mayor renta y llevando al 3% de anticipo solo a las empresas consideradas como grandes contribuyentes (aproximadamente 400)”, expresa la propuesta gubernamental.

El presidente de Cadin argumentó que “es muy difícil para las empresas, y no solo en Nicaragua, sino en cualquier lugar del mundo, tener márgenes de utilidad de dos dígitos”.

Maltez señaló que el anticipo del 3%, propuesto en la iniciativa de reforma tributaria, lo están imponiendo sobre una renta presuntiva, lo que causaría la reducción del flujo de dinero de las empresas y eliminaría cualquier beneficio que tengan como exportadores.

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Al representante del sector industrial también le parece ilógico que el Gobierno proponga otorgar bonos en compensación por el incremento en el anticipo, por lo que actualmente ninguna empresa está pensando invertir en bolsa.

Exportaciones

Los exportadores también se verán afectados por la reforma, porque hasta el momento cuentan con un crédito tributario de 1.5% sobre el valor total de su pago de IR, y ahora se gravará sobre el excedente del pago mínimo definitivo.

“Una medida bastante fuerte que va a sentir el sector exportador es la reducción del crédito tributario. Esta era una herramienta fiscal que pretendía eliminar el sesgo antiexportadores en la economía y fomentar la exportación. Ahora, la cantidad de este crédito tributario va a ser mucho más inferior a lo que ya es”, dijo Chamorro.

Aguerri informó que el Cosep está haciendo un análisis detallado sobre esa reforma y se pronunciará en los próximos días. “Obviamente, partimos de lo que ya expresamos, que sin solución política a la crisis, esto solo va a provocar más daño a la economía y por ende a las familias”.

Agregó que esas medidas económicas gubernamentales “no van a cambiar la realidad del país” y que “el Gobierno pretende no asumir sus costos políticos, trasladándolos a los trabajadores del sector privado”.

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Errores técnicos

El experto en temas fiscales, Julio Francisco Báez, dijo que con las reformas tributarias propuestas por el Gobierno se están cometiendo errores técnicos. “No presentaron lo que toda reforma debe explicar de entrada: evaluación con datos del por qué la harán y cuantificación de lo que recaudarán”, opinó Báez en su cuenta de Twitter.

Recomendó que “si las reformas carecen de legitimidad, AmCham (Cámara de Comercio Americana de Nicaragua), Cosep y Funides tienen la oportunidad y obligación inexcusable de encabezar con todas las organizaciones sociales, un movimiento nacional de rechazo absoluto al proyecto”.

Justificaciones oficiales

El ministro de Hacienda y Crédito Público dijo en la Asamblea Nacional que esta es la tercera reforma que el Gobierno hace a la Ley de Concertación Tributaria (Ley No. 822) e insistió en que no se están estableciendo nuevos impuestos.

“No hay impuestos nuevos. No hay cambios que impidan seguir generando empleos”, expresó Acosta mientras explicaba al plenario de la Asamblea Nacional que “con esta reforma se generarán los recursos que permitirán contribuir a la sostenibilidad del INSS (Instituto de Seguridad Social), así como de los programas y proyectos sociales y de inversión en beneficio del pueblo nicaragüense”.

Justificó que esta reforma establece un concepto de “progresividad, en donde los que tienen más pagan más, contribuyen más. Desde hace meses se había planteado hacer estos cambios”.

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Castillo: Imponen economía de subsistencia

La diputada liberal Azucena Castillo dijo que con el aumento de las tasas para la renta de las empresas más grandes del país, “es muy probable un incremento para todos los consumidores”.

La legisladora lamentó que “el Gobierno anuncie esta reforma y no toca la llaga de la crisis en el país, el punto donde está el problema; conocemos la necesidad de sentarse a dialogar y ver cómo se soluciona el problema sociopolítico que está entorpeciendo la economía”.

“Da la impresión que se quiere castigar, pero castigar al que está medio produciendo en este momento y sosteniendo el empleo, es un castigo contraproducente. Con esta reforma, buscan generar en este año unos US$350 millones, que es el déficit presupuestario, más o menos de este año”, comentó.

La diputada, experta en comercio internacional, dijo que la eliminación de las exenciones para determinados productos afectará la cadena de valores de la mediana empresa, de la industria, pequeña y mediana. De alguna manera esto va dirigido a tener una economía de subsistencia para el pueblo, donde el pueblo se tiene que conformar con el arroz y los frijoles y un poquito de maíz y pinol”.

Esta reforma “va a impedir que los más pobres, que paradójicamente son a quienes dicen beneficiar, tengan mejores condiciones para adquirir alimentos de calidad”, recalcó Castillo.

“Si el oro es el que está produciendo en este momento y lo vas a tocar, ¿cómo puede responder una gran empresa? Nicaragua no es el único país donde se puede hacer inversiones. Se debe incentivar la inversión y no castigarla; en este momento el gran capital o los productores son los que están manteniendo el empleo formal; entonces, diría que no es oportuno ni pertinente esta reforma”, explicó.

Reforma negativa

Alfredo César, expresidente del Banco Central y diputado del Partido Conservador (PC), dijo que esta reforma “será negativa” porque “van a afectar a unas 1,300 empresas en Nicaragua”.

“El ministro (Acosta) dijo que pretenden recuperar US$300 millones en recaudación de impuestos que perdieron por la rebelión nacional (del año pasado). Esto va a echar hacia atrás el crecimiento económico del país”, aseguró el legislador.

César agregó que “van a encarecerse una cantidad de productos que no son de comida básica, pero que son necesarios y que estaban exonerados anteriormente; es una reforma que tendrá efectos negativos para el trabajador, para la mediana y grande empresa y para la recuperación económica del país”.

El sindicalista José Espinoza Navas opinó a favor de la reforma, indicando que “no hay aumento en la canasta básica alimentaria y quedamos los trabajadores exentos de nuevos o mayores impuestos; esto nos da una estabilidad justo en este momento que estamos negociando el salario mínimo”.

Aumento al ISC

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) es otro de los impuestos que será modificado. Los cigarrillos serán los más afectados, porque de los C$610.53 que las empresas entregaban al fisco por cada mil cigarrillos, ahora deberán entregar unos C$2,000 por cada mil cigarrillos, en el año 2020 pagarán C$2,500 y en el 2021 serán C$3,450, según explica la reforma presentada.

En el caso de las bebidas alcohólicas se mantiene la alicuota promedio de 22%, pero se adiciona un cargo de C$50 por cada litro de alcohol absoluto, vinos y cervezas. El ISC cargado a las bebidas azucaradas pasará de 9% a 15%.

Los propietarios de casinos pagarán US$600 por mesa de juego. Antes, este tributo era de US$400 por cada mesa. En cambio, la cuota diferida de las máquinas de juegos desaparecerá y será una sola de US$50 por máquina.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, dijo que los incrementos del ISC a bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas es otra mala noticia para el decaído sector turístico, porque al aumentar el precio se va a reducir la demanda.

Los derechos de extracción otorgados por el Estado a las empresas mineras de oro y plata, pasarán de 3% a 5% y se eliminará la “deducción como gasto del royalty (derecho de extracción) para fines del cálculo del IR”, indica la reforma.