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La diputada liberal Azucena Castillo sugirió al gobierno impulsar una reforma al presupuesto y no a la Ley de Concertación Tributaria, la cual afectará a las empresas y provocará desempleo, de acuerdo con el sector privado.

Castillo es miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, y sostuvo que la reforma fiscal solo provocará más daños al sector privado, por lo que se declaró a favor de cambios al presupuesto.

“Si dicen que es impostergable, que es urgente conseguir fondos, entonces deberían reformar el presupuesto, deberían sincerarse con el pueblo y ver cómo se reduce ese presupuesto que es inviable, está desfinanciado, deberían readecuarlo a la capacidad de lo recaudado en tributos el año pasado”, expresó Castillo.

La legisladora recalcó que “todas las empresas extranjeras que están acá (en Nicaragua) coinciden en que no pueden funcionar con ese tipo de medidas que son contraproducente. Si la reforma no resulta por ser un intento de recaudación inviable, entonces lo mejor es sentarse en un diálogo para ver cómo se recupera la confianza y estabilidad en el país, algo urgente e impostergable es el diálogo”.

Cadin explica posición del sector privado

Por su parte, la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin) aclaró que han expresado a la Comisión de Producción Economía y Prepuesto de la Asamblea Nacional que la reforma fiscal será dañina para el sector privado.

“Nosotros sacamos nuestro comunicado, que obviamente ellos (los diputados) debieron haber leído. El comunicado recalca lo negativo que es esa reforma”, afirmó Sergio Maltez, presidente de Cadin.

El diputado sandinista, Wálmaro Gutiérrez, presidente de dicha Comisión, dijo que no se precipitarán con el dictamen sobre la propuesta de reforma y que han recibido “propuestas” del sector privado, algo que ha sido negado por los empresarios.

“Han venido algunas cámaras que forman parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ojalá que vinieran todas, sería bueno abrir ese diálogo. Hemos recibido comunicaciones oficiales de otras instituciones del sector privado que aportan a este proceso de consulta, hay propuestas de partes de ellos y las estamos analizando”, señaló Gutiérrez.

Al respecto, Maltez sostuvo que “del sector privado se presentaron algunas cámaras o empresas, pero a plantear el impacto negativo que va a generar, de ser aprobada, esta reforma tributaria”.

“Lo más importante es lo que dicen esas cartas, en las cartas lo que dicen a la Comisión (parlamentaria) es que si aprueban esas reformas, quiebran a las empresas, eso es lo que le dicen, que no es el momento para hacer reformas. Está bueno que se lo estén diciendo”, recalcó Maltez.

Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que las reformas tributarias son un intento del gobierno de hacer negociar a la oposición, que ha demandado adelantar las elecciones presidenciales, libertad para los “presos políticos”, el restablecimiento de la institucionalidad, el estado de derecho y justicia para las familias de las personas muertas durante las protestas del año pasado.

"Las medidas (reformas) pretendían hacernos negociar y nadie llegó", dijo Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

"No se negocian impuestos mientras existan prisioneros políticos, medios (de comunicación) cerrados y violación a derechos. Ahí las tienen, las reformas, sin aprobar”, resaltó Chamorro.

El Gobierno ha propuesto elevar el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias.

Con las reformas, el Gobierno pretende obtener C$10,168 millones, el equivalente al 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Wálmaro Gutiérrez dijo que existe la necesidad de garantizar recursos presupuestarios para seguir financiando el gasto social, que es más del 54% del Presupuesto General de la República.

“Son aproximadamente 135 mil contribuyentes en la base tributaria, de ellos aproximadamente 450 son grandes contribuyentes, que suben del uno al tres por ciento en el pago del Impuesto Sobre la Renta (IR) y aproximadamente 600, ni siquiera llegan a los 600, son principales contribuyentes, que suben del uno al dos por ciento (de IR anual). El resto de los 135 mil contribuyentes, es la micro, pequeña y mediana y a estos no se les sube un solo centavo”, sostuvo Gutiérrez.

El sector privado ha explicado que la reforma tributaria propuesta afectará a todos.

El PGR aprobado para este año es de C$ 80,014.5 millones y el gobierno proyectó recaudar por impuestos un total de C$ 69,751 millones, que representa el 87% del financiamiento del gasto público.

No obstante, Castillo explicó que alcanzar esa cifra de recaudación tributaria es improbable, por las condiciones actuales de la economía.