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El gobierno debe resolver la mayor cantidad de casos sobre propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en la década de los 80, para que a finales de julio del 2009, el gobierno del país del norte pueda emitir su aval a Nicaragua, que señale que el país va avanzando en la indemnización de los reclamantes, expresó Róger Arteaga Cano, presidente de la Cámara Americana-Nicaragüense de Comercio ( Amcham).

Este aval o waiver, es extendido anualmente por el gobierno de Estados Unidos en el mes de julio para certificar que sus ciudadanos que fueron confiscados están siendo indemnizados y en ese sentido la Procuraduría General de la República dijo recientemente que han sido resueltos 33 casos en lo que va del año y que desde 1994 los distintos gobiernos entregaron indemnizaciones por mil 228 millones de dólares a personas que se han identificado como estadounidenses.

Artega Cano afirmó a EL NUEVO DIARIO que “ si vemos el comportamiento de los casos resueltos en las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, eran siempre más de 100, pero después de entrar este gobierno, bajaron a 40 en el primer año y hasta el momento a 33.

Las expectativas es que van a llegar a 50 casos resueltos al final del año fiscal, dice el presidente de Amcham, pero eso todavía no es satisfactorio, porque si los otros gobiernos resolvieron más de 100 casos al año, porque aquí se resolvieron 40 el año pasado y este año quizás 50.

Pero advirtió que lo que es realmente peligroso, es que revisar casos ya resueltos, lo que es como invalidar las decisiones tomadas por los gobiernos anteriores y aceptadas por Estados Unidos, pero si ahora se pone a escarbar los procesos ya resueltos, la situación se va a complicar.

Es peligroso revisar casos ya resueltos

Según afirma Artega Cano, los casos ya resueltos que sean sometidos a revisión por el gobierno actual de Nicaragua, la administración estadounidense puede ir reduciendolos del cumplimiento del año y eso afectaría a Nicaragua, porque si el país no obtiene ese aval, podrían cerrarsele fuentes de recursos de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

El procurador Hernán Estrada dijó el martes que “hay reclamos de hace 15 años que no se han documentado”, por lo tanto Arteaga agregó que el gobierno debería “poner ese listado de casos no documentados en el periódico y hacer un último llamado, con un plazo que puede ser 30 días, para que los reclamantes lleven sus documentos”.

Añadió que los reclamos que no hayan sido documentados después de ese plazo, consideró que ahí terminarían, mecanismo que cree sería incluso aceptado por el gobierno de Estados Unidos.