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Expertos en Derecho Fiscal se preguntaron cómo el gobierno justifica que no se puede elevar el techo de exoneración del Impuesto sobre la Renta, IR, para los asalariados, por la supuesta pérdida que dejaría en las recaudaciones, mientras decide prorrogar beneficios fiscales para el sector agropecuario.

En días pasados, después de reunirse con representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, el presidente Daniel Ortega anunció que la reforma tributaria se postergaría por dos años, pero a la vez se anunció que se prorrogarán por dos años más los beneficios fiscales que han estado recibiendo el sector agropecuario, la pequeña industria y la pesca artesanal.

El argumento para no elevar el techo de exoneración a los asalariados, es que esto representaría 400 millones de córdobas en ingresos tributarios, en momentos en que el país está siendo afectado por la crisis económica mundial, resultando afectadas las recaudaciones.

Para Julio Francisco Báez, experto en Derecho Fiscal, los asalariados son los que más pagan impuestos en Nicaragua, proporcionalmente hablando y el afirmar que incrementarles el techo de exoneración del IR al doble representaría 400 millones de córdobas, es una trampa, ya que no han demostrado que corresponda a esa cantidad de dinero.

En una comparecencia en el Canal 8 de televisión, Báez explicó que el incremento del techo del IR para los asalariados representaría unos 300 millones de córdobas, pero que no se ha explicado cuánto dejará de percibir el gobierno con la prórroga a las exoneraciones del sector agropecuario.

“Lo que estamos viendo es al revés de Robin Hood; le están robando a los pobres para darle a los ricos”, expresó el experto Fiscal para describir el nivel de injusticia que tenemos en el sistema tributario nacional.

Mal cálculo

Para el economista y experto Fiscal, René Vallecillo, el gobierno está haciendo un mal cálculo técnico al señalar que dejaría de percibir 400 millones de córdobas si eleva la exoneración a los asalariados, porque están estimando que se duplicaría el techo a todos los estratos salariales, incluyendo a quienes ganan más de 500 mil y 1 millón de córdobas al año.

Dijo que se puede aprobar una tarifa diferenciada que permita mayor progresividad en los impuestos que pagan los asalariados, beneficiando a los que ganan menos y haciendo que quienes ganan más, tributen más.

Vallecillo dijo que para beneficiar a los asalariados con la elevación del techo de exoneraciones, es necesario aprobarlo mediante una reforma tributaria, pero que si de todos modos el gobierno tiene que hacerlo para prorrogar los beneficios al sector agropecuario, perfectamente se puede incluir en ese proyecto a los trabajadores.

Por su parte, Báez propuso no pensar en duplicar la tarifa de los asalariados, por el alegato de la pérdida fiscal, pero sí revisar un porcentaje adecuado que no provoque efectos negativos en las recaudaciones.

Insistió en que se explique cuánto representa la exoneración para el sector agropecuario, porque a veces se tiene el argumento torcido y hasta mal intencionado de que el asalariado no produce y pretenden beneficiar sólo a grupos empresariales.

Sugirió además que el gobierno nombre una comisión con participación de la sociedad civil y que tome acuerdos no sólo con el Cosep, sino con todos los sectores, lo que también deberá hacer la Asamblea Nacional.

Dijo que en esa comisión se deben revisar las exoneraciones, para determinar cuáles continúan y cuáles no, porque algunas se están otorgando a pesar de que ya están vencidas por ley. Agregó que el gobierno ya tiene en su poder el inventario de todas las exoneraciones y que las que no están controladas, deben eliminarse.

“La administración tributaria debe moverse rápidamente en un proceso de profesionalización para tener políticas de tributación correctas, que no hagan cobrar más, pero tampoco pagar menos”, puntualizó. La última vez que se actualizó el techo de exoneración para los asalariados fue hace 12 años y desde entonces, el poder adquisitivo se ha deteriorado considerablemente.