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Con el incremento del pago mínimo definitivo y la liquidación anual del IR, el Estado estaría sustrayendo cerca del 60% del patrimonio de las empresas de grandes contribuyentes, afirmó el abogado tributarista, Sergio Iván Bendaña.

“Antes de la crisis, observábamos que se repetía mucho una tasa de 5% de utilidad en el grupo de los grandes contribuyentes, era un valor modal. Si asumimos eso (la reforma), significa que de su patrimonio, que está formado por capital social más utilidades, combinados de un pago mínimo por el impuesto sobre la renta, le estás dando al fisco C$60 de cada C$100”, explicó. 

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) realiza una serie de seminarios, con tres especialistas, para exponer a empresarios de distintos sectores los principales cambios e implicaciones de la Ley 987 Reformas y Adiciones a la Ley de Concertación Tributaria.

Uno de los seminarios impartidos en el Cosep sobre la Reforma Tributaria. Jorge Ortega/END

Uno de los cambios más significativos es el incremento del pago mínimo definitivo del impuesto sobre la renta (IR), del 1% al 2% para los principales contribuyentes y de 1% al 3% para los grandes contribuyentes. 

Bendaña, uno de los tres invitados por el Cosep, dijo que otros países definen un límite para lo que consideran impuestos confiscatorios.

“Argentina estableció desde 1990 en su jurisprudencia que se considera impuesto confiscatorio cuando conjuntamente o en uno solo, extrae el 33% del patrimonio de la empresa. En Alemania, desde 1995 se ha establecido que son confiscatorios los impuestos que extraen 50% o más del patrimonio. En México, la norma es distinta, pues, indica que son confiscatorios todos aquellos impuestos que entorpecen el desarrollo normal de los negocios”, comentó.

Sin embargo, en Nicaragua no existe una definición clara de impuesto confiscatorio, porque no se había presentado un caso.

“No ha habido jurisprudencia. Es que hasta ahora se presenta el caso. Nunca se ha sometido a la Corte Suprema de Justicia un caso de impuesto confiscatorio”, añadió otro especialista que pidió el anonimato. 

Aunque la legislación no brinda un porcentaje exacto o una caracterización detallada de un impuesto confiscatorio, el artículo 114 de la Constitución Política de Nicaragua establece: “El sistema tributario debe tomar en consideración la distribución de la riqueza y de las rentas. Se prohíben los tributos o impuestos de carácter confiscatorio”.

Como respuesta a una medida como esta, en un contexto sin crisis, las empresas deberían buscar más rentabilidad, subir precios para aumentar sus márgenes de ganancia y lograr ser estables. Sin embargo, Bendaña dice que en situaciones de crisis, como la actual, no es posible.

Sergio Iván Bendaña. Jorge Ortega/END

“En realidad, en una economía en recesión en que van disminuyendo los ingresos y la actividad económica, aumentar los impuestos es una acción errada. Es ahogar más al que se está ahogando. Los ingresos van bajando, las utilidades van bajando, casi todo le queda al fisco, es un desincentivo. Además, si viene un inversionista y ve eso, va decidir invertir en otro lado, donde sea menor” la carga tributaria, argumentó el especialista. 

Contradicciones

Santos Acosta, contador público tributario, expuso en el seminario sobre los cambios relacionados con el impuesto al valor agregado (IVA) y al impuesto selectivo al consumo (ISC).

En el artículo 151, la ley indica que por concepto de ISC adicional a las tasas ya establecidas, las bebidas alcohólicas, vinos y cervezas deberán pagar una cuota adicional de C$50 por litro de alcohol absoluto. 

“La ley dice que esto es para el caso de las bebidas alcohólicas, pero si revisamos el anexo II con la lista de bienes gravados con este impuesto, vemos que en esa categoría (los que pagan los C$50 por cada litro de alcohol absoluto) aparecen no solo las bebidas, sino, que grava todos los alcoholes, incluso los de uso clínico e industrial. Ahí hay una distorsión de la aplicación de la ley”, aseguró Acosta.

El contador también indicó que el período de pago para el IVA, que establece el reglamento de la ley, es discriminatorio porque para grandes y principales contribuyentes deberán pagar el quinto día calendario del mes siguiente al período gravado y el resto podrán realizar su pago hasta el día 15 del mes siguiente. “La ley  debería ser pareja para todos y un reglamento no puede estar cambiando lo que la ley dice”, enfatizó.