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El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, informó este miércoles que el cierre de la frontera de Peñas Blancas por el lado de Costa Rica, ha ocurrido en respuesta por parte del país vecino a la disposición CT0422019 de la Dirección General de Aduana (DGA), de Nicaragua, que impone un pago de 50 dólares, en concepto de servicio para el registro de la declaración de la importación temporal del medio de transporte de carga.

"La disposición que tomaron una serie de transportistas costarricenses de cerrar el paso (a transportistas nicaragüenses) nace por una circular técnica que realizó la DGA de Nicaragua", dijo el presidente del Cosep.

Según Aguerri, estos cobros están en contra de un reglamento centroamericano sobre el régimen de tránsito aduanero internacional terrestre, que establece lo que pueden hacer los estados parte, y en ese punto de vista es donde se dan las contradicciones.

Según el artículo 15 del tratado, se contempla el principio de libertad de tránsito que consiste que cada uno de los estados contratantes mantendrán plena libertad de tránsito a través de sus territorios para las mercancías destinadas a cualquiera de los estados signatarios o procedentes de ellos, así como para los vehículos que las transportan.

“El mismo artículo indica que dicho tránsito se hará sin deducciones, discriminaciones ni restricciones cuantitativas", afirmó Aguerri.

Las mercancías en tránsito según dicho tratado, estarán exentas de toda clase de impuestos, derechos o contribuciones fiscales municipales o de cualquier orden.

Aguerri, que también es presidente del Comité Consultivo de Integración Económica de Centroamérica, hizo un llamado a los estados involucrados a anular las disposiciones internas que impongan cobros al tránsito internacional terrestre o con relación a este de manera exclusiva.

El presidente del Cosep hizo un llamado a los estados involucrados a anular las disposiciones internas que impongan cobros al tránsito internacional terrestre o con relación a este de manera exclusiva. Archivo/ END

"En particular debe anularse esta circular técnica por ser violatoria del derecho comunitario. Pedimos a ambos estados realizar reuniones bilaterales a la mayor brevedad posible. Estamos a la orden como comité consultivo para encontrar una solución definitiva, sin que se siga perjudicando las exportaciones e importaciones en tránsito internacional terrestre", señaló Aguerri.

La disposición de la DGA que entró en vigencia desde el pasado 18 de marzo establece tres condiciones: 1. La obligación de registrar los vehículos de carga en uno de los módulos de vehículos de las administraciones de las aduanas de ingresos en el país. 2. La obligación de pagar 50 dólares. 3. La obligación de registrar la cancelación de la importación temporal en la ventanilla de atención.

El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), Sergio Maltez, indicó que esto se trata de una medida recaudatoria del Gobierno.

"Anualmente pasan por esa frontera 180 mil contenedores y si les cobras US$50 a cada uno se te hacen US$9 millones", calculó Maltez quien coincidió con Aguerri en que la medida adoptada va en contra de los tratados.