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Previo a la reforma tributaria que entró en vigencia el 1 de marzo,  los servicios de trillado, beneficiado, despulpado, descortezado, molienda, secado, descascarado, descascarillado, limpieza, raleo, enfardado, ensacado y almacenamiento estaban exentos de impuestos, según exponía el numeral 15 del artículo 136 de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822, Ley De Concertación Tributaria Ley No. 891, de 2014.

Melvin Estrada Canizales, especialista en temas tributarios, explicó que el sector agropecuario es uno de los más afectados por una reforma que está gravando bienes agrícolas; por otra parte, bienes que estaban exentos pasan a ser sujeto de exoneración según lista taxativa publicada por el MHCP.

“También los servicios para efecto del IVA sufrieron una afectación, todos estos ahora están gravados. Tenemos primero gravado a bienes agrícolas, insumos, bienes intermedios y maquinaria y también los servicios, el sector (agropecuario) con la reforma se ha visto bastante afectado, comentó  Estrada, que también es director del área tributaria de la firma de asesoría legal, García y Bodán. 

Estrada participó en la charla brindada este jueves en un evento que fue organizada por la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham).

El abogado también aclaró que según lo establece la norma, estos servicios ya estarían pagando IVA, puesto que pasaron a ser gravados directamente.  

Por otra parte, ni en el reglamento ni en la nueva reforma se aclara qué pasará con estos servicios cuando se brinden para producir bienes exentos como frijoles, arroz, maíz y trigo, por mencionar algunos, el numeral 15 del artículo 136 al ser eliminado no es tomado en cuenta en el reglamento de la misma. 

Mario Hanon, vicepresidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda), expresó que este cambio se suma a los efectos negativos de la reforma y que quien resultará más afectado será el pequeño productor que no tiene sus propios medios para realizar estos servicios. 

“Si el servicio te lo practica un tercero que antes estaba exento y ahora está enajenado, en otras palabras, ese es otro golpe a la agricultura, especialmente a los pequeños productores que no pueden costearse su propia planta”, afirmó Hanon. 

El directivo de Apen considera que estas medidas son contrarias a las que debería implementar el Gobierno para reducir su déficit. Archivo/END

El vicepresidente de Anifoda y también productor de arroz comentó que hay productores arroceros que tienen su propia planta de secado, ellos le entregan el producto a un comprador, entonces no pagan servicio porque ya tienen su propio secado. “Esos productores  como son grandes se defienden. Ese es el problema con la ley porque golpea más duro al pequeño”, destacó.

Este ciclo de riego de verano que tiene un período de siembra del 1 de noviembre al 15 de diciembre, se sembró 40,000 manzanas de arroz. La cosecha ya inició. 

“Según me he informado con mis colegas arroceros, el rendimiento va bien y es bastante aceptable porque es la mejor época”, expresó Hanon que también agregó que el aumento de los costos en los insumos golpearán a la actividad arrocera.

Más costos

Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y exportadores de Nicaragua (APEN) coincide con Hanon que el cobro de IVA por estos servicios afectará más al pequeño productor e incentiva la informalidad. 

“Definitivamente lo que estamos viendo es que si exportamos frijol y café, por ejemplo, al ser gravado esos servicios encarece nuevamente la estructura de costos. El problema es mayor en productos como café que tiene los precios internacionales deprimidos. Con la reforma se está incentivando la informalidad que no le da ni un peso al Gobierno”, señaló. 

El directivo de Apen considera que estas medidas son contrarias a las que debería implementar el Gobierno para reducir su déficit. Archivo/END

“Lo que sucederá es que el pequeño productor se verá más afectado, apoya (la reforma) al que más tiene, porque cuenta con un beneficio de café”, agregó el presidente de Apen. 

El directivo de Apen considera que estas medidas son contrarias a las que debería implementar el Gobierno para reducir su déficit.

“Cuando se presenta un déficit en estas circunstancias lo que se hace regularmente es una compactación del (gasto) Gobierno. Al Gobierno se le han reducido los ingresos, debe bajar el gasto, en su lugar, lo que ha hecho es cobrar más para que otros paguen su déficit”, expuso.