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La Asamblea Nacional dejó establecido en un decreto, aprobado este jueves con trámite de urgencia, que el pago mínimo definitivo del impuesto sobre la renta del 3% para grandes contribuyentes y del 2% para principales contribuyentes, se aplicará “de forma obligatoria por mandato expreso de ley a partir de las operaciones del mes de marzo del año 2019”.

Asimismo, ese decreto pospuso la fecha límite del pago para el primer anticipo que será el próximo 15 de abril, porque el tope, según la ley reformada, es el 5 de cada mes.

El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), Sergio Maltez, manifestó que por ley, sin decreto o con decreto, las empresas tienen que hacer el pago mínimo definitivo, y si no lo hacen perderían la solvencia fiscal y sus operaciones quedarían paralizadas.

“¿Qué vas a hacer si no te dan solvencia? No podés importar, no podés exportar. En el caso de las industrias exportadoras, las limitan en todas esas cosas, se paralizan”, criticó Maltez.

Los empresarios siguen siendo afectados por las reformas tributarias, que entraron en vigencia el 28 de febrero pasado y el decreto de interpretación aprobado no cambia este hecho fundamental, dijo el industrial.

El exdirector general de ingresos, Róger Arteaga, dijo que “hay un derecho de aclaración y también una obligación de aclarar” por los diputados, pero igual las empresas tienen que cumplir con pagar ese impuesto.

Confirmó que si las empresas no reportan ese impuesto a la DGI podrían perder su solvencia fiscal, lo que les ocasionaría todavía más problemas. “No podrían operar, no podrían desaduanar, no podrían hacer una serie de operaciones legales. Todo abogado, cuando va a hacer una escritura, le pide una solvencia a la empresa y que esté al día con todo, y si no tienen la solvencia, están pegados ahí”, explicó Arteaga.

Sobre el decreto

Wálmaro Gutiérrez, diputado sandinista que presentó el decreto legislativo, dijo que el actual director general de ingresos le informó que había dudas en los grandes y principales contribuyentes sobre ese pago.

Gutierrez, quien es presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, manifestó en la exposición de motivos del decreto que “erróneamente” algunos contribuyentes pretendían continuar declarando, pagando y liquidando el 1% de anticipo del pago mínimo definitivo, como hacían antes de la reforma.

Según Gutiérrez, el numeral ordinal tercero del artículo sexto de la ley de reformas tributarias establece textualmente: “Los grandes y principales contribuyentes que operen con un período fiscal especial debidamente autorizado por la Administración Tributaria, liquidarán, declararán y pagarán el Pago Mínimo Definitivo del IR del 1% sobre sus rentas brutas gravables obtenidas antes de la entrada en vigencia de la presente ley y del 3% y 2%, respectivamente, a partir de su entrada en vigencia”.

Wálmaro Gutiérrez. Archivo/END

Con las reformas, los contribuyentes que facturan más de C$160 millones al año tendrán que reportar el 3% como anticipo del pago mínimo definitivo; los que facturan entre C$60 millones y C$160 millones anuales tendrán que pagar el 2%; y el resto de contribuyentes que facturan menos de C$60 millones seguirán pagando el 1%.

El diputado conservador Alfredo César comentó: “Nos opusimos a este decreto, así como a la reforma tributaria, porque este es parte de la misma. Desde el punto de vista técnico dice (el decreto de interpretación) que como fecha máxima de pago es el 15 de abril, debido a que mañana es 5 (fecha de pago del anticipo) y el decreto salió hoy (este jueves). Esto solo es válido para el primer mes (de pago, que es marzo)”.

El artículo 67 del Reglamento de la Ley de Reforma de la Ley de Concertación Tributaria establece que la declaración y pago de las retenciones definitivas efectuadas en un mes, deberá realizarse a más tardar el quinto día calendario del mes siguiente.

Consecuencias

“Esto (incremento del pago mínimo definitivo) y los pagos del 15% en impuesto al valor agregado (IVA) para nuevos productos, muchas empresas no lo van a aguantar”, afirmó Sergio Maltez.

Los empresarios recurrieron en contra de la ley, pero siguen esperando una respuesta de la Corte Suprema de Justicia.

“La Asamblea se dio cuenta que se daba a interpretaciones de ambas vías y por eso fue que decidieron hacer la clarificación. Que paguemos el impuesto no significa que estamos de acuerdo con la reforma; la semana antepasada interpusimos un recurso de amparo, seguimos en contra por todos los efectos que conlleva”, explicó Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).