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La Junta General de Accionistas del nicaragüense Banco Corporativo (Bancorp) solicitó a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) su autorización para “proceder a la disolución voluntaria anticipada”.

La petición se hizo en una carta que el representante legal de Bancorp, Luis Bárcenas, envió a Marta Mayela Díaz Ortiz, la superintendente.

La decisión de los accionistas de Bancorp fue unánime y se fundamentó en que la institución financiera “se encuentra imposibilitada de seguir haciendo negocios debido a la sanción impuesta por la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos) el día 17 de abril del presente año”, expone la carta de la junta de Bancorp.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 17 de abril una sanción al Bancorp, lo cual impide que esa institución efectúe cualquier transacción con personas y entidades estadounidenses, lo que prácticamente le bloquea cualquier giro financiero.

Estados Unidos acusó al Bancorp de funcionar como institución que lava dinero y brinda asistencia financiera, logística y tecnológica a la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, quien ya estaba sancionada por las autoridades estadounidenses.

El ocho de marzo de este año, la Asamblea Nacional aprobó una ley para convertir el Bancorp en el Banco Nacional (BN) y el monto de la transacción se fijó en C$743,054,127.11 millones, que se pagarían a través de emisión de bonos de la República a un plazo de 5 años, con una tasa de interés del 6% anual.

Economistas y diputados dijeron en esa ocasión que se trataba de una compra innecesaria porque el país ya cuenta con un banco estatal, y alertaron sobre la contaminación al resto del Estado debido a las sanciones estadounidenses.

El legislador Alfredo César, del Partido Conservador, el pasado ocho de marzo calificó la adquisición como “la transacción más peligrosa para el Estado de Nicaragua, desde el punto de vista financiero”, y señaló tres aspectos fundamentales: riesgos de contaminación para el Estado de Nicaragua debido al alcance de las sanciones norteamericanas, el alto precio del banco (alrededor de US$23 millones) y el mayor endeudamiento en el que incurre el país con esta compra.