•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

El experto del organismo internacional Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, dice que el control que está estableciendo el Gobierno de Nicaragua sobre las remesas familiares es un instrumento político y no monetario, con el propósito de monitorear las transferencias de recursos al país, y es propio de un Estado policial.

Una normativa oficial, publicada esta semana en La Gaceta, manda a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las transacciones mensuales, nacionales e internacionales, mayores de US$5,000 y las remesas familiares mayores de US$500 o su equivalente en córdobas.

Orozco, investigador de Diálogo Interamericano, con sede en Washington, destacó que ese tipo de medidas tendrá como consecuencias el aumento de la informalidad en las transacciones de remesas de los nicaragüenses, la intimidación y mayor inseguridad ciudadana.

“Esta es una política muy infrecuente en países receptores de remesas. Aumentar la informalidad en el pago de remesas va en detrimento de los receptores porque hará más cara la divisa, podrá crear un mercado informal y paralelo de dólares que podría ser capitalizado por grupos criminales como método para lavar dinero”, advirtió Manuel Orozco.

END

La UAF obliga a las instituciones financieras a reportar, además de las remesas familiares y operaciones sospechosas, transacciones en efectivo, transferencias de fondos nacionales o internacionales, detección e inmovilización de activos, ventas, ganadores de premios y apuestas, operaciones mensuales de bienes raíces, venta nacional y exportación de oro, bienes de fideicomisos, venta de automotores nuevos o usados y ausencia de información de interés.

Afecta clima de negocios

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), comentó que el anuncio de medidas económicas gubernamentales, como el control de las remesas familiares, es contraproducente para el clima de negocios de Nicaragua.

“No es una noticia positiva. Todo lo contrario, es una noticia muy negativa. Es un mensaje gravísimo a los agentes económicos, a los inversionistas y a las familias que reciben remesas. Crea un ambiente de incertidumbre, de zozobra, y lo que hace es buscar cómo canalizar los recursos por otras vías informales”, opinó.

Chamorro agregó que “claramente es una señal más del Gobierno de querer controlar todo tipo de información relacionada con el flujo de recursos, para tener controlada a la población y a los agentes económicos en un Estado policial” y que ese tipo de controles no deberían de existir, exceptuando que haya una sospecha bien asegurada de un acto ilícito.

Las divisas generadas por las remesas familiares han sido uno de los pilares de la economía nicaragüense. Archivo/END

La normativa

La diputada Azucena Castillo explicó que todos los llamados “sujetos obligados” a reportar actividades sospechosas tendrán que cumplir con esa normativa y eso significa que el Gobierno llegó a “un extremo de control absoluto que alcanzó hasta las remesas familiares”.

“Una remesa de US$500 no va a poder recibirla alguien porque va a estar sujeta a un control, e inclusive, a sacar un perfil de la persona que la está enviando y de la que la está recibiendo. Eso es bastante extremo”, dijo la diputada liberal.

Castillo dijo que todos los países tienen una ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, como lo recomienda el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero en Nicaragua hay una gran discrecionalidad en la aplicación de esa normativa.

Advirtió que esa medida sobre las remesas entorpecerá el flujo de recursos económicos que recibe el país.

Nicaragua recibió US$1,501.2 millones en concepto de remesas durante el año 2018, un 8% más que en el 2017.

Las divisas generadas por las remesas familiares han sido uno de los pilares de la economía nicaragüense en los últimos años y aún con la crisis sociopolítica no dejaron de crecer.

“Los nicaragüenses en el exterior, al ver los problemas de sus familiares en el país, como las pérdidas de empleos sobre todo, han enviado más remesas en solidaridad, pero aun así el Gobierno castiga a estos nicaragüenses”, expresó Juan Sebastián Chamorro.

El director ejecutivo de Funides señaló que si las personas decidieran enviar en montos más pequeños sus remesas para evitar esos controles, tendrán que incurrir en mayores costos de transacción por el envío de su dinero.

Azucena Castillo también mencionó que la medida vendrá a encarecer los costos operativos de las empresas que brindan servicios.