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El cobro aplicado por el Gobierno de Nicaragua a cada kilogramo importado o exportado por la vía aérea tiene al borde del cierre a algunas empresas del sector, podría dejar en el desempleo a miles de personas y provocaría hasta US$50 millones menos en ventas al exterior, denunció el martes el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

El Gobierno de Nicaragua cobra cinco centavos de dólar por cada kilogramo en las exportaciones e importaciones aéreas, desde el pasado 25 de abril, informaron este martes el Cosep, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), la Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic) y la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur).

Sus representantes dijeron que ese cobro es arbitrario y “afectará aún más la competitividad del sector exportador y empresarial” de Nicaragua.

Los empresarios expusieron que ese cobro por inspección de seguridad aeroportuaria de carga lo pagan desde hace tiempo a la Dirección General de Servicios Aduaneros.

Consecuencias

Mabel Arévalo, gerente de la empresa exportadora de okra Agro España Nicaragua (Agroesnica), afirmó que ese nuevo cobro se suma a otro de US$13 por la emisión de un certificado fitosanitario por parte del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), “que ya estaba incluido en los honorarios del IPSA”, más US$5 por la transmisión electrónica en cada póliza de exportación.

Además, aseveró que si a eso se le suma el impacto de las reformas fiscales, las de la seguridad social, los mayores costos por la reducción de frecuencias y espacios aéreos por la caída de las importaciones, los constantes incrementos en los combustibles e insumos agrícolas, el resultado es que han perdido “completamente la competitividad en los mercados internacionales”.

“Hoy no estamos aquí defendiendo rentabilidad (del negocio). Esa ya no existe. Hoy estamos aquí por responsabilidad. Responsabilidad por nuestro capital humano, ya que los trabajadores todavía cuentan con un trabajo digno para proveer alimentos a sus familias y generar bienestar para ellos y sus comunidades”, afirmó.

Arévalo indicó que Agroesnica brinda trabajo a 1,500 personas y el 90% es del campo.

Los empresarios expusieron que ese cobro por inspección de seguridad aeroportuaria de carga lo pagan desde hace tiempo a la Dirección General de Servicios Aduaneros. Archivo/END

La empresaria culpó al Gobierno de la posibilidad de que esas personas se queden sin trabajo.

“Si el objetivo es deteriorar o eliminar la capacidad exportadora del país, lo está consiguiendo y a paso veloz, pero sea responsable de miles de trabajadores que corren el riesgo de perder sus empleos, sumándose a la gran masa de desempleados de Nicaragua”, expresó.

La gerente de Agroesnica aseguró a El Nuevo Diario que la empresa, de capital español, tiene intenciones de cerrar.

Cobro anunciado

Arévalo dijo que en enero de 2016 la DGA implantó la técnica de escaneo no intrusivo para la seguridad nacional en los puestos fronterizos. 

La DGA estableció un cobro en concepto de escáner de rayos X de US$70 por guía para cargas secas y de US$20 para mercadería fresca.

“Ese cobro se puso en práctica en cada guía desde esa fecha, sin percibir ningún servicio a cambio y permanece en la actualidad”, contó Arévalo.

En octubre de 2017, el Gobierno intentó por medio de la Empresa Administradora del Aeropuerto Internacional (EAAI), imponer ese cobro de cinco centavos de dólar por cada kilogramo a las exportaciones, pero luego de varias reuniones los empresarios hicieron ver a las autoridades del Gobierno que no se podía establecer un cobro doble, porque la DGA ya lo cobraba. 

Los empresarios expusieron que ese cobro por inspección de seguridad aeroportuaria de carga lo pagan desde hace tiempo a la Dirección General de Servicios Aduaneros. Archivo/END

Arévalo dijo que demostraron entonces que si la DGA no transfería el cobro al aeropuerto era un asunto interno que debían arreglar las dos instituciones.

Señaló que a partir de ahí quedó sin efecto la aplicación de ese cobro.

Sin embargo, en diciembre de 2018 la junta directiva del aeropuerto volvió a establecer esa recaudación y el 21 de enero de 2019, en La Gaceta Diario Oficial, se publicó y legalizó.

“El 24 de abril de 2019 se hizo pública la notificación del cobro, para implementarse el día siguiente (25 de abril), de manera unilateral, arbitraria y duplicando el cobro que ya realiza la Dirección General de Aduana”, contó Arévalo.

Ilegalidad

“En su momento expusimos y hoy ratificamos que el establecimiento de esta nueva tasa por inspección de seguridad aeroportuaria condena a muchas empresas exportadoras al cierre de sus operaciones, lo cual sería devastador para algunos sectores, por el impacto negativo que tendría para la actividad productiva y exportadora, a lo que se sumaría la afectación por disminución de la demanda de transporte de carga aérea, sin obviar que esta nueva tarifa pretende imponer un nuevo cobro por un concepto que ya está incluido en el servicio de seguridad aduanera”, aseveró Guillermo Jacoby, presidente de APEN.

Jacoby estimó que el impacto de ese nuevo cobro podría representar una disminución de alrededor del 2% de las exportaciones totales del país.

Las exportaciones de mercancía de Nicaragua (sin incluir las de zona franca) generaron el año pasado US$2,516.9 millones, según el Banco Central de Nicaragua. Es decir, que el 2% de estas equivale a unos US$50 millones.

“Eso es enorme, pero es todavía más que solo en una empresa se perderían 1,500 empleos”, subrayó el empresario.

Sergio Maltez, presidente de Cadin, dijo que una tarifa a la carga tanto de importación como de exportación por la vía aérea tiene efectos más perniciosos en la actualidad, por el impacto negativo de la reforma tributaria y la de seguridad social.

“Vuelve a pasarse por alto que pasamos por una recesión, que se evidencia en un menor dinamismo de la actividad económica, una contracción de la demanda y una disminución de la capacidad contributiva de los contribuyentes”, expresó Maltez, agregando que esa tarifa se aplica de manera unilateral.

Según los empresarios, la decisión viola el inciso 1.1 del artículo 2 del acuerdo sobre facilitación del comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los empresarios expusieron que ese cobro por inspección de seguridad aeroportuaria de carga lo pagan desde hace tiempo a la Dirección General de Servicios Aduaneros. Archivo/END

Asimismo, Maltez criticó que “no se conoce cómo se llegó a determinar que el monto del impuesto de cinco centavos por kilogramo corresponde efectivamente al costo del servicio de inspección de seguridad aeroportuaria de carga”.

Argumentó que el artículo 3 del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT 94) y el 6 del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio establecen que los derechos y cargas establecidos con la importación o exportación —o en relación con ellas— deben limitarse al costo aproximado de los servicios prestados.

La gerente de Agroesnica insistió que lo que el Gobierno debe hacer es que la DGA transfiera ese pago que hacen las empresas a la EAAI.

Mientras tanto, Jacoby señaló que se está mandando un nuevo mensaje negativo a los inversionistas extranjeros.